El alto funcionario judicial señaló que la causa está en una situación de indefinición que debe resolverse.
Recordó que en el año 2018 se declaró la nulidad de todo lo actuado en la causa, lo que generó una situación jurídica “atípica e inusual” dado que ese fallo del Tribunal de Impugnación, al determinar la nulidad del requerimiento de instrucción invocando presuntas contradicciones y falta de precisiones, llegó a determinar también la nulidad del avocamiento del juez que había trabajado en esa causa.
A todo ello se suma el hecho de que, cuando la causa llegó al juez Pereyra, con competencia en transición, dispuso su archivo. Así, pese a que hubo planteos de los acusados e inclusive un pedido de sobreseimiento de la defensa del ex gobernador de la provincia, nada se resolvió bajo el argumento del archivo.
Así las cosas, y después de que la Corte Suprema de Justicia de la Nación resolviera a favor de la decisión de la Corte de Justicia de Salta de apartar al juez del Tribunal de Impugnación, la causa quedó “en una situación actual de indefinición que, necesariamente, debe resolverse”.
“La causa está mandada a archivo por disposición del juez de transición. Lo que se está analizando es que se va a solicitar el desarchivo y analizar, dentro de todo este contexto de complejidades y nulidades, la forma de reencausar, porque no es una causa que esté concluida”, señaló García Castiella.
Además, consultado sobre las decisiones judiciales en torno a la causa y sus implicancias políticas, se limitó a decir: “No entiendo que haya que analizarlo desde el punto de vista de responsabilidades políticas. Esas decisiones, que fueron durante 2017, 2018, tuvieron la firma de 6 o 7 jueces. Puede ser opinable o no la forma en que han resuelto, pero las decisiones jurídicas no son materia de determinación de responsabilidades políticas”.
“Todos los delitos de la Provincia se van a investigar como se está haciendo. Esto está en una situación de indefinición que amerita una respuesta del Estado”, concluyó el Procurador.
Un breve recorrido de la causa
La causa La Ciénaga trata acerca de cómo 90 hectáreas destinadas al Programa Familia Propietaria terminaron en el patrimonio de la familia del actual senador nacional Juan Carlos Romero. La provincia adquirió en julio de 1998, a través del decreto 1.297 como parte de pago de la firma Import S.R.L. con el ex Banco Provincial de Salta, 90 hectáreas de la Finca La Ciénaga. Ese decreto establece que esas tierras serían destinadas al Programa Familia Propietaria. La operación se formalizó mediante escritura 2.631 del 15 de julio de 1998, en la que se consignó la operatoria de compra-venta de esas tierras, valuadas en $1.100.000, en paridad con el dólar, es decir U$S 1.100.000.
De esta manera se incorporó al patrimonio de la provincia la fracción de 90 hectáreas que eran parte de la Finca La Ciénaga e Isasmendi, ubicada en Atocha del departamento Capital.
El decreto 1.297 dejaba establecido que la adquisición de esas tierras era destinarlas al Programa Familia Propietaria, cuya misión era ayudar a familias de bajos ingresos a acceder a terrenos en donde vivir.
En 2004 los funcionarios del gobernador Juan Carlos Romero adquirieron 12 hectáreas a José Luis Agustoni, ubicadas al borde de las autopistas que conectan la ciudad Capital con la localidad de San Lorenzo. Por esas 12 hectáreas el gobierno provincial pagó $ 1.959.456 con un pago inicial y 26 cuotas hasta completar la suma de $ 1.499.456.
Por el saldo restante -$ 460.000- la provincia le entregó a José Luis Agustoni las 90 hectáreas de La Ciénaga. La operación quedó registrada el 16 de febrero de 2004. En ese momento el dólar cotizaba a $2,91. Es decir que lo que compró la provincia a U$S 1.100.000 lo vendió a U$S 158.076 o $460.000.
Tan sólo cuatro meses después José Luis Agustoni "vendió" las 90 hectáreas de La Ciénaga a María Cecilia Pérez de la Fuente, escribana que formaba parte del staff del estudio de escribanos de Víctor Manuel Brizuela. La escribana actuó en representación de la Sociedad Prados de Atocha S.A. quien pagó $ 100.000 el 4 de junio de 2004.
Cinco años después, Pérez de La Fuente en representación de Prados de Atocha S.A. vendió el terreno a la Estancia El Carmen S.A., una sociedad de la que participa Jucaro S.A., de propiedad de Juan Carlos Romero y su esposa Lucía del Carmen Marcuzzi.
