La fiscal Penal de la Unidad de Delitos Económicos Complejos (UDEC), Ana Inés Salinas Odorisio, tomó conocimiento de que a cuatro de los imputados en la causa Ríos & Asociados les fue otorgada la libertad.
La medida fue adoptada en contra de lo requerido por el Ministerio Público Fiscal, que ya había apelado el arresto domiciliario concedido a los imputados, entre los que se encuentra la líder de la organización, Cynthia Moya.
El MPF también apelará esta nueva decisión, sosteniéndose en la necesidad de asegurar la comparencia a juicio de la organización, así como también la imposición de una caución suficiente que guarde proporción con el cuantioso perjuicio ocasionado a las víctimas, en resguardo de la esperanza de reparación de estas últimas.
En su escrito, el juez Pablo Arancibia de la Sala 2 del Tribunal de Impugnación determinó en el artículo 1 “hacer lugar a los recursos de apelación interpuestos y sustituir el arresto domiciliario de Leonardo Cristian Hernando, Efraín Omar Hernando, Gustavo David Hernando y Cynthia Elizabeth Moya, ordenándose la libertad de los nombrados, las que serán ejecutadas por el Juzgado de Garantías 3 previa aceptación en audiencia de caución real en cada uno de los casos”.
Apelan arresto domiciliario a un acusado de femicidio
La Unidad Fiscal que investiga la muerte violenta de una mujer de 27 años, en Orán quien fue encontrada sin vida en el patio interno de un edificio céntrico de esa ciudad, hizo la presentación al ser notificada del beneficio otorgado por el Juzgado de Garantías interviniente, al hombre de 30 años imputado por el hecho.
La Unidad Fiscal integrada por los fiscales penales Claudia Carreras y Pablo Cabot, presentó recurso de apelación ante el beneficio de arresto domiciliario concedido por el Juzgado de Garantías 1 del distrito Judicial Oran, para un hombre de 30 años, imputado como autor del delito de homicidio doblemente calificado por la relación de pareja y por mediar violencia de género en perjuicio de una mujer de 27 años, quien fue encontrada sin vida en el patio interno de un edificio céntrico el pasado mes de febrero en esa ciudad.
Inicialmente, ante el pedido de prisión preventiva solicitado por la Unidad Fiscal al Juzgado de Garantías 1 de ese distrito, el Juez resolvió el pasado 28 de marzo, declarar formalmente inadmisible la petición que se fundamentaba en el riesgo de fuga y entorpecimiento de la investigación.
Ante esta situación, los fiscales Carreras y Cabot interpusieron un recurso de apelación ante la inadmisibilidad declarada, considerándola arbitraria en sí misma y contradictoria con lo resuelto por el mismo Juez en las actuaciones, ya que en el decreto de fecha 24 de febrero de 2.023, expresó que el imputado se encontraba “vinculado causal y normativamente con el hecho atribuido”.
Tras el rechazo de esta apelación la Unidad Fiscal interpuso recurso de queja ante el Tribunal de Impugnación, solicitando que se declare mal denegado.
El 14, desde el Juzgado de Garantías interviniente, se notificó a los Fiscales de la resolución del Juez de disponer la prisión preventiva del imputado bajo la modalidad de arresto domiciliario, proveyendo el pedido de prisión preventiva de la Fiscalía que el propio Juez había declarado inadmisible.
