La Unidad Fiscal integrada por el procurador General de la Provincia de Salta, Pedro García Castiella, y los fiscales Ana Inés Salinas Odorisio y Gustavo Torres Rubelt, requirió al Juzgado de Garantías se revoquen las sentencias dictadas en audiencias multipropósitos del 18 y 19 de diciembre por el Juez de Garantíais 4 que otorgó la prisión domiciliaria a los 13 imputados, del Servicio Penitenciario.
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El juez del Juzgado de Garantías 4, Diego Rodríguez Pipino, negó la prisión preventiva solicitada por los fiscales para los detenidos en la causa en la que investiga a funcionarios del Servicio Penitenciario que habrían exigido dinero a cambio de otorgar ciertos beneficios o permitido el ingreso de elementos prohibidos y estupefacientes para personas detenidas.
- Diego Rodríguez Pipino.
El juez Rodríguez Pipino consideró que no existía riesgo procesal alguno para la investigación, que demandó más de dos meses de esfuerzos y recursos al Ministerio Público Fiscal, y otorgó el arresto domiciliario a los involucrados.
“La audiencia fue realizada por un juez que no es el juez natural de la causa, lo que llama poderosamente la atención y esto está relacionado con las improlijidades del Plan Piloto de Oralidad de la Oficina de Gestión Judicial de Garantías (OfiJu) que ya nos trajo perjuicios en otras oportunidades. En este caso, y fruto del desorden, a mitad de la audiencia el juez tuvo que llamar a un cuarto intermedio cuando advirtió que en la audiencia no estaban la totalidad de los abogados defensores”, advirtió Salinas Odorisio para luego señalar que “ante la escasez de los argumentos de los defensores, el juez suplió ese rol y terminó dando el beneficio a los imputados, entendiendo que la Fiscalía no probó el peligro de entorpecimiento ni la naturaleza de los hechos”.
Garantías 4 había otorgado la domiciliaria a los agentes y con esta solicitud se deberá resolver si se hace efectiva la prisión preventiva por la gravedad de lo ocurrido, el tiempo y la cantidad de personas que podrían haber sido beneficiados por los agentes.
Entre los beneficiados con el arresto domiciliario se encuentra la madre de un hombre privado de la libertad que habría cumplido el rol de fraccionar sustancias estupefacientes y entregarlas a un guardia cárcel, que a su vez la ingresaba al penal y la entregaba al detenido para su comercialización en la Unidad Carcelaria N° 1.
La causa
Los funcionarios habrían exigido dinero a cambio de otorgar ciertos beneficios o permitido el ingreso de elementos prohibidos y estupefacientes para personas detenidas. Ante Garantías 3 los fiscales interpusieron una Apelación en contra de las Resoluciones de Garantías 4, quien ordenó la medida sustitutiva de detención domiciliaria de 13 de los involucrados.
En el Recurso, los fiscales recordaron que los hechos investigados y descriptos en el Decreto de Imputación de fecha 07/12/23, encuadran prima facie en el delito de Exacciones Ilegales Agravadas.
Esta unidad fiscal tuvo como objetivo la confirmación de los hechos denunciados mediante la compilación de operaciones bancarias, declaraciones testimoniales, captación de comunicaciones durante 30 días.
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También se realizó el análisis de 113 extractos bancarios sobre un total de 17 personas que fueron investigadas, lo que permitió la individualización de los responsables de diversos actos de corrupción.
Además se confirmó la detención de 16 personas, entre ellas siete integrantes del servicio penitenciario, de los cuales tres son jefes. De los otros nueve detenidos, siete son mujeres, entre ellas una trabajadora del Ministerio de Educación, la que es investigada por ser parte de la organización delictiva que operaba en el penal.
Por otra parte se informó que la investigación prosigue activamente como así también otros operativos en torno a los elementos encontrados durante los allanamientos realizados en la jornada de ayer.
