El juicio unipersonal es presidido por el juez Ángel Amadeo Longarte. Por el Ministerio Público interviene el fiscal Leandro Flores. La defensa de la acusada está en manos de Rodrigo Palazzo. En la parte querellante se desempeña Marcelo Arancibia.
El juicio está en la etapa de recepción de pruebas testimoniales. Ayer declararon profesionales del CIF. Entre ellas una licenciada en Servicios Sociales, una bióloga y una médica legal.
La primera testigo tuvo a su cargo la realización de un informe social sobre la imputada y sobre el damnificado. Refirió que ambos crecieron y estudiaron en La Merced y que mantuvieron una relación de pareja de aproximadamente seis años.
La madre de Amaya le contó que, en un primer momento, la pareja residió en su casa pero luego su hijo decidió irse a vivir en un inquilinato. Esto ocurrió después de la pandemia. Durante ese período, la madre del damnificado se quedó en la casa de una hija. Al regresar a su domicilio, una vecina (almacenera) le contó que Salva había concurrido asiduamente a su local a comprar bebidas alcohólicas.
La madre de Amaya le reclamó a su hijo y le dijo que si la acusada quería seguir viviendo en su propiedad debía dejar ese hábito. Ante esto, Amaya optó por mudarse.
Vecinos de Amaya dijeron que tenían un buen concepto de él y que a Salva la conocían de vista. Aseguraron no haber presenciado situaciones de violencia entre ellos. De igual manera se pronunciaron los vecinos de la imputada, que dijeron tener buen concepto de ella y ubicarlo a Amaya solo de vista.
Condena por abuso y prohibición de acercarse a la víctima
En un procedimiento abreviado llevado a cabo en la Sala III del Tribunal de Juicio, un sujeto de 28 años fue condenado a tres años de prisión condicional por resultar autor del delito de abuso sexual por aprovechamiento de la minoridad de la víctima.
La jueza Carolina Sanguedolce dispuso la libertad del condenado y le dictó varias reglas de conducta que deberá cumplir durante dos años. Entre ellas, abstenerse de usar estupefacientes y de abusar de bebidas alcohólicas; realizar tratamiento psicológico para el control de sus impulsos y presentar las constancias correspondientes; prohibición de mantener cualquier tipo de contacto con la víctima y de acercarse a ella. Todo ello con apercibimiento de revocarse la condicionalidad de la pena dictada.
La causa se inició con la denuncia de la directora de la escuela rural a la cual concurría la víctima, en un paraje de la localidad de San Agustín (La Merced). Señaló que tomó conocimiento a través de la maestra de la niña, que en ese momento cursaba el sexto grado, que le dolía la mano porque su novio Z. P. D. la había golpeado porque ella le reclamó que la estaba engañando.
En circuito cerrado de televisión, la menor relató luego que conocía al imputado (de 20 años en ese momento) porque trabajaba con su papá en la cosecha de ají. Contó que él la llevó a su casa y ahí mantuvieron relaciones sexuales. Él vivía solo. Manifestó que a ella le dolió mucho y no quiso más esa relación. Sostuvo que no le contó a nadie lo sucedido porque si su papá se enteraba que ella estaba de novia la iba a echar de su casa e iba a tener que irse a vivir con Z. P. D.
La jueza ordenó finalmente que se le extraigan muestras de ADN al imputado.
