La causa había ingresado a la Cámara de Casación en junio de este año.
De manera unipersonal, en base al nuevo Código Procesal Penal Federal, Hornos confirmó las condenas de Paola Sandra Cantarella –a la pena de tres (3) años de prisión de ejecución condicional-, Jesús Ernesto Cuellar –a la pena de tres (3) años de prisión de ejecución condicional- y José Osvaldo Reynaga - a la pena de un (1) año de prisión de ejecución condicional- por el delito de fraude a la administración pública. En el caso de Reynaga fue condenado por ese mismo delito pero en grado de tentativa.
Hornos destacó que el delito fue cometido en medio de la pandemia. “Cobra especial relevancia mencionar nuevamente el contexto en el que las maniobras investigadas fueron ejecutadas. Es que la conducta reprochada a los nombrados se dio en el marco de una situación excepcional, como fue la emergencia sanitaria producto del COVID-19, y las distintas medidas realizadas por el Estado Nacional tuvieron como objetivo intentar paliar la crisis económica que generó a distintos sectores de la población”, sostuvo.
En total, más de 50 concejales fueron investigados por haber supuestamente percibido el subsidio dispuesto por el Poder Ejecutivo Nacional para mitigar los efectos económicos de las medidas sanitarias: 47 de ellos acordaron con la Justicia para evitar llegar a juicio y debieron devolver entre todos una suma total de 1.559.000 pesos, que fue destinada a 45 entidades de bien público, como comedores y hospitales.
Por ese escándalo hubo al menos dos juicios. En el segundo, el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°1 de Salta, integrado por el juez Mario Marcelo Juárez Almaraz, condenó a cuatro concejales.
En el caso de Nicolasa Maras, funcionaria de Los Toldos, fue condenada en primera instancia a un mes de prisión y dos de suspensión para el ejercicio de cargos públicos porque había renunciado al sueldo porque no quería perder sus planes sociales y en plena pandemia cobró el IFE.
