Nuevo Diario accedió al documento elaborado por el abogado Luis García Vidal, que frente a los hechos denunciados y de público conocimiento, señaló: “La crónica estos días de que algún o algunos empleados de la Caja han sido sorprendidos ejecutando maniobras para quedarse con los aportes de los profesionales en una cantidad aún no establecida, un fraude, ha sacudido la aparente tranquilidad con la que todo parecía transcurrir en la Caja. Quienes percibimos haberes jubilatorios de la Caja estamos sorprendidos desde hace tiempo porque a los magros montos percibidos de ningún modo puede calificárselos de “dignos”. Ya eran bajos al iniciarse el actual proceso inflacionario, pero ahora han perdido actualidad hasta el punto de constituir una muy pobre retribución”.
Asimismo, el letrado denunció en primera instancia que “la Caja jamás publica estudios de Auditorías o Estadísticos, tratándose de que administra un Fondo Previsional”, asegurando que: “todo allí es secreto, sus autoridades se repiten cada período, por lo que cabe preguntarse si no habrá otros abogados que quieran integrar la Dirección del Organismo”, cuestionó.
Del mismo modo, ironizó y profundizó ante la falta de conocimiento sobre la actividad de la entidad: “La “vocación de servicio” de estos colegas directivos de la Caja aparece notable por su persistencia si se sabe que por esa tarea no reciben retribución. La página web de la Caja está quieta, allí nada que interese para explicar los bajos haberes, o las auditorías u otros estudios patrimoniales se publican. Tampoco se conoce nada acerca de la administración de los inmuebles que la Caja posee, y su rentabilidad”.
Además alertó sobre el desconocimiento si la Dirección de la Caja ha habilitado algún otro tipo de beneficio a letrados de la Matrícula, es decir que no tienen edad jubilatoria, y cómo se administran. “Todo este oscurantismo que ha revelado el hecho delictivo que habrían cometido empleados del Organismo tornan imperativa la reforma de la Ley Orgánica de la Caja”, remarcó García Vidal que por último subrayó la necesidad de: “acordar representación a las minorías, hoy circunscripta a una simple participación en órgano de control, la prohibición de las reelecciones indefinidas y hacer obligatoria legalmente la publicidad de las Auditorías y estudios Estadísticos por lo menos en el sitio web del Organismo”.
No declaró el acusado
El fiscal penal 2, Ramiro Ramos Ossorio, imputó de forma provisional a un hombre mayor de edad, como autor del delito de administración fraudulenta en perjuicio de la Caja de Seguridad Social para Abogados y Procuradores de la Provincia de Salta.
Estuvo acompañado de un defensor particular y tras conocer la acusación en su contra, se abstuvo de declarar. Desde la Fiscalía se solicitó que se mantenga detenido.
La investigación inició a partir de la denuncia de las autoridades de la institución, quienes fueron alertados por personal del área contable sobre una irregularidad detectada en el cobro de un expediente y que al hacer un relevamiento, detectaron que hubo otra situación similar.
