Nuevo Diario dialogó al respecto, con el senador provincial y Síndico de la Cámara de Tabaco de Salta, Enrique Cornejo: “La verdad es que es una gran desilusión para las provincias productoras de tabaco. Esperábamos un proyecto de ley que recupere la recaudación de la Nación, la coparticipación a las provincias y la recomposición del Fondo Especial del Tabaco”. En esa misma línea, Cornejo calificó como “Increíble que el interés económico de una empresa esté por sobre la institucionalidad argentina. Esperamos que el Poder Ejecutivo Nacional reconsidere y esto sea modificado. No sorprende que nuevamente en este grupo de legisladores que diario Clarin sindica como operadores de Tabacalera Sarandi, esté Carlos Zapata”, quien fue denunciado por este mismo tema la semana pasada.
El proyecto original de la Ley Bases, buscaba establecer un marco fiscal equitativo para todas las empresas del sector, similar al que se aplica en otros países. Sin embargo, la influencia del lobby parlamentario logró la eliminación de este capítulo del proyecto, dejando intacto el esquema vigente.
Uno de los puntos más controvertidos es la situación de Tabacalera Sarandí, empresa propiedad de Otero, que continúa pagando menos impuestos que sus competidores debido a un litigio judicial que le exime del pago del impuesto mínimo al cigarrillo. Esta situación ha permitido a Tabacalera Sarandí incrementar significativamente su participación en el mercado, generando un desequilibrio en la competencia. El proyecto original del Gobierno buscaba corregir estas distorsiones impositivas y aumentar la recaudación, pero estas reformas fueron descartadas con la eliminación del capítulo tabacalero. Esta situación no solo afecta la economía del país, sino que también tiene consecuencias en la salud pública, al promover un aumento del consumo de cigarrillos.
Una y otra vez
La eliminación del capítulo tabacalero en la Ley Bases representa un revés en los esfuerzos por promover una industria tabacalera más equitativa y responsable. Además, pone de relieve la necesidad de abordar de manera urgente las prácticas de lobby que influyen en la toma de decisiones políticas y que pueden comprometer el interés público en beneficio de unos pocos, según insistieron los productores tabacaleros.
Cabe recordar que a fines de 2023 el Gobierno planteó la necesidad de modificar los criterios impositivos de los cigarrillos, en 10 artículos del proyecto de Ley Bases que envió al Congreso, elevando el cobro de impuestos y unificando el criterio entre todas las empresas del sector. Pero su tratamiento se bloqueó en esa primera instancia parlamentaria, con fuertes discusiones en el capítulo tabacalero.
