El concurso entre otras cosas atañen a llamativos pasivos por préstamos de sus propias controlantes, que son SOCMA y SIDECO, claves en el grupo empresario de la familia presidencial.
La fiscal Gabriela Boquín, quien denunció en 2017 un intento de condonación de la deuda que hoy llega a 4500 millones de pesos a través de un pacto entre el Correo y los representantes estatales, había pedido ya entonces la intervención, con el desplazamiento de síndicos y administradores.
La jueza señaló también la reticencia a responder a los pedidos de datos para el expediente, donde se están investigando maniobras de vaciamiento, y contradicciones.
La empresa Correo, en su situación concursal actual, está declarada inactiva. A pesar de esto, la fiscalía ante la Cámara denunció distintos tipos de erogaciones que podrían implicar desvíos y/o vaciamiento. Boquín reveló, por ejemplo, contratos de alquiler y de locación de servicios, en algunos casos con sus propias controlantes. En otros con sociedades y abogados amigos.
La intervención, señala la resolución, es la respuesta posible ante la omisión de información o un acto que perjudique a los acreedores. Recuerda que le reclamó tres veces la información.
El coadministrador deberá cumplir con “las labores a cargo de la sindicatura controladora, y con las sindicaturas general y verificante también. También deberá participar en las deliberaciones de la administración y proponer al directorio medidas para reorganizar la estructura. También tendrá que entregar toda la información que adeuda. La intervención, por lo pronto, durará 30 días.
