El viernes pasado, el juez federal Federico Villena les dictó la falta de mérito porque entendió que no hay pruebas firmes para procesarlos por el delito de financiar actividades terroristas.
Los cinco tripulantes habían sido indagado hace dos semanas, tras una pedido de la querella de la DAIA. En ese momento, se los acusó de utilizar la empresa iraní-venezolana Emtrasur para desviar fondos que habrían sido utilizados para financiar actividades terroristas, un delito previsto en el artículo 306 del Código Penal.
Sin embargo, Villena sostuvo que no hay pruebas contundentes en la causa para procesarlos. Apurado por el plazo que le impuso la Cámara Federal de La Plata, hace un mes, al confirmar la salida del país de los primeros 12 tripulantes, el juez resolvió el viernes la situación procesal de los únicos cinco indagados.
“Cuando los elementos de juicio no autorizan el dictado del auto de procesamiento y, a la vez, tampoco tienen entidad para descartar la existencia del hecho, su carácter delictuoso o la responsabilidad del imputado -lo que haría procedente su sobreseimiento- el juez debe disponer la falta de mérito”, explicó Villena en su resolución.
Este lunes, los cinco tripulantes recibieron sus documentos y quedaron habilitados para irse del país. Lo hicieron este martes a la madrugada en un vuelo comercial, pudo saber el medio Infobae de fuentes de su defensa.
Además de levantar la prohibición de salida del país, el juez Villena dejó sin efecto el secuestro del avión de Emtrasur, matrícula YV3531, aunque la aeronave seguirá incautada a pedido de la justicia de Estados Unidos.
El requerimiento fue girado a través del Departamento de Justicia de los Estados Unidos y del Ministerio de Justicia argentino y tramitó en los términos de la ley 24.034, que aprobó en 1991 el Tratado de asistencia jurídica mutua en asuntos penales con el Gobierno de Estados Unidos.
Previamente se habían sobreseído a 12 personas que formaban parte de la tripulación del avión. Se trata de Victoria Valdiviezo Marval; Cornelio Trujillo Candor; Vicente Raga Tenias; José Ramírez Martínez; Zeus Rojas Velásquez; Jesús Landaeta Oraa; Armando Marcano Estreso; Ricardo Rendon Oropeza; Albert Ginés Pérez; Ángel Marín Ovalles, Nelson Coello y Mahdi Mouseli.
Luego se sumaron otros dos iraníes cuando el juez sobreseyó a 14 de los 19 miembros de la tripulación.
La aeronave venezolana llegó a Buenos Aires el 6 de junio con una carga de autopartes de SAS Automotriz, una firma que comercializa asientos y panel de instrumentos para el Volkswagen Taos que se produce en la planta de General Pacheco. Ante el escándalo, SAS responsabilizó a Fracht, una empresa de logística con sede en Suiza y sucursales en 40 países. Con el tiempo se comprobó que hubo una cadena de contrataciones entre varias empresas para ocultar a Emtrasur.
El 8 de junio, dos días después de su llegada a Buenos Aires, el avión intentó volar a Uruguay para cargar combustible pero el gobierno de ese país le impidió aterrizar. Desde ese día, el avión está retenido en el aeropuerto de Ezeiza. Ante el escándalo, el Gobierno argumentó que se habían tomado todas las medidas de seguridad posibles. Pero igualmente debió soportar las presiones diplomáticas de Venezuela e Irán.
