Las expresiones de la defensoría que encabeza Federico Nuñez Burgos se dan en el marco de la audiencia pública que lleva adelante el gobierno nacional de Javier Milei.
La idea del equipo económico de Milei es conceder un aumento que permita mantener la operación de las firmas a la vez de quitar asistencia estatal a razón de un tercio por año para los sectores medios y bajos, los que reciben aún hoy los subsidios.
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En ese contexto, las firmas que distribuyen el servicio realizaron sus estimaciones de actualización tarifaria sobre la base del valor al que adquieren del gas, el transporte, la distribución entre los hogares y los impuestos.
Gasnor elevó al Enargas un pedido de readecuación advirtiendo que sus tarifas de distribución están atrasadas entre 438% y 704% para los usuarios residenciales.
En base a las cateogrías y a los subsidios reglamentados por zonas frías, se prevé que el arriba del 50% de los usuarios residenciales afronten incrementos superiores a $3.000 en las facturas por el servicio.
Ante ello, Nuñez Burgos emitió postura y dijo: "Es fundamental que la resolución que se tome tenga en cuenta el equilibrio entre Cálidad en la prestación - Precio - Ingreso de las Familias, desbalanceadas hoy a favor del precio, afectado por una calidad baja, especialmente en materia de atención personalizada y servicios al cliente, todo ello sin tener en cuenta los esfuerzos económicos que las familias realizan para pagar el servicio".
Nuñez Burgos mantuvo una postura crítica con respecto a la atención al cliente que brinda Gasnor en Salta. Justamente, este fue uno de los principales focos de conflicto cuando el servicio se vio afectado por la pandemia y una gran cantidad de vecinos no tenían donde efectuar los reclamos.
A raíz de ello, el Poder Legislativo de Salta emitió resoluciones donde solicitaban a la empresa regularizar la atención al público.
Acompañar a los salarios
Por otro lado, la Defensoría sostuvo que pidió al Ente Nacional no aprobar el pedido que efectúo Gasnor dado que "significa un traslado de los costos a los usuarios sin que prime el criterio de solidaridad, necesario y vital en procesos inflacionarios como los vividos en los últimos años".
En ese sentido, el organismo solicitó que el límite a la pretensión de las subas se imponga en el porcentaje de variación del Salario Minimo Vital y Móvil.
"La actualización tarifaria que, eventualmente se disponga, y las actualizaciones mensuales a las que refiere la empresa, se prorrateen a los usuarios teniendo en cuenta las variaciones mensuales previstas en el SMVM", indica en su presentación Nuñez Burgos.
Y añadió: "Es importante que la empresa prestadora del servicio invierta en acciones concretas que hagan más eficiente el servicio, tanto en la prestación como administración del mismo, por medio de inversiones físicas, capacitaciones, desarrollos, gestión administrativa y campañas de difusión masiva que generen condiciones para romper las distorsiones que provocan los procesos inflacionarios".
La suba que solicitaron los transportistas
Transportadora de Gas del Norte (TGN) encargada del servicio de transporte de gas a través de los gasoductos y abastecedora de las distribuidoras del norte participó también de la audiencia.
Guillermo Canovas expusó en la instancia y solicitó que el Enargas autorice la suba incrementar los ingresos de la empresa que forma parte de la cadena productiva del sector. Canovas criticó el atraso de las tarifas y sostuvo que esto generó perdidas en su empresa.
“TGN no cuenta con margen para absorber el retraso de sus tarifas, de los últimos cinco años, según surge de los estados financieros. El atraso tarifario ha llevado a TGN acumular en los primeros nueve meses del 2023 una pérdida operativa de $7.868 millones de pesos a pesar del incremento del 95 % vigente de fines de abril”, advirtió.
En ese sentido señaló que con los incrementos que están solicitando se prevé que el nuevo monto representará en las tarifas un 23% del total de la suba, dependiendo la categoría y la ubicación geográfica.
