Así lo confirmó el senador por el departamento de La Caldera, Miguel Calabró, quien analizó que: "al proyecto le falta discusión, no estoy de acuerdo con proyectos que tiendan a proteger a la política, ni a los candidatos, ni a los funcionarios, o a las autoridades electas (diputados, senadores, concejales, etc) ni a los que ellos designan, no sólo de los poderes ejecutivo y legislativo, sino también del Poder Judicial".
El legislador sostuvo que la discusión que debería mantenerse en cambio: "en que la sociedad no se haga eco de dichos de dichos, que constituye en definitiva una responsabilidad cívica de los ciudadanos para no fomentar la difamación, y esto lo usó Goebbels en la época de Hitler". "Cuando alguien firma una información o una opinión, debe ser respetada, aunque hablen en contra nuestra", enfatizó. Asimismo, Calabró anticipó que votará para que el proyecto no sea tratado y parafraseó: "cuando entrás en política tenés que saber que tu reputación se la tirás a los perros"
“Sáenz vetará (otra vez) los artículos que tengan que ver con este tema”
Ante el revuelo ocasionado, y el repudio generalizado, el ministro de Gobierno, Ricardo Villada aseguró que: “El gobernador no estaba bajo conocimiento de esta Ley y quiero transmitirles la tranquilidad para todos los salteños, que este gobierno va a garantizar 100% la libertad de expresión”.
Asimismo analizó: “Nos hubiera gustado que se dé un debate más amplio, pero falta la instancia del Senado. En todo caso es un tema discutible para la gente que se vea agredida por una noticia falsa, pero no para los funcionarios”, insistió.
Por último, y anticipándose a un escenario negativo, Villada afirmó que: “de sancionarse, el gobernador va a vetar aquellos artículos que tengan que ver con este tema para los funcionarios. Los funcionarios tenemos que estar expuestos bajo la opinión de la gente, sea cual sea, y es un compromiso de esta gestión”, concluyó.
Gonzalo Guzmán Coraita: “Es un acto de total censura”
Sobre los aspectos legales del proyecto que pretende tipificar como contravención y castigar con la cárcel la difusión de noticias falsas sobre los funcionarios provinciales, Nuevo Diario dialogó con el abogado Gonzalo Guzmán Coraita, que puntualizó: “El artículo 50 es un avance contra la libertad de expresión. En todo Estado de derecho, es el que mayor preferencia tiene con respecto a otros y cuando hay una colisión de distintos derechos, siempre la balanza se inclina a favor de la libertad de expresión”, explicó. Asimismo, advirtió que: “Establecer una sanción por la difusión de noticias falsas es un acto de censura”, y detalló: “en materia de libertad de expresión, el principio es siempre que la libertad es ulterior,. No se pueden establecer obstáculos para la libre expresión, porque contraviene lo que dice la Constitución y lo que dice el Pacto de San José de Costa Rica que garantiza el derecho humano de todos y todas de expresar libremente nuestro pensamiento”. Otra cuestión a observar es que “no es materia contravencional, no puede una Legislatura provincial, tipificar acciones y establecer sanciones, es una atribución del Congreso de la Nación que tiene la atribución de establecer qué acciones serán delitos y qué penas les corresponde, así que bajo el disfraz de la contravención, lo que está haciendo la legislatura es inmiscuirse en la competencia del Congreso”, finalizó.
Repudio de la Asociación de Periodistas de Salta
A través de un comunicado, la Asociación de Periodistas de Salta -APES- emitió un duro pronunciamiento contra la «Ley Bozal», que sancionó Diputados y se encuentra en revisión en el Senado. En la misiva advierten que la iniciativa: “sólo busca un mayor blindaje para los funcionarios y funcionarías que son pasibles de cuestionamientos como cualquier persona o aún más por su condición de administradores de la cosa pública”, al tiempo que recordaron el marco legal, constitucional y de tratados internacionales que garantizan la libertad de expresión y de prensa. Asimismo, lamentaron: “que otra vez la Cámara de Diputados promuevan herramientas de persecución para la libre expresión de ciudadanos y ciudadanas y para los y las periodistas de la provincia, utilizando además como punta de lanza problemáticas condenables como el grooming”. “Alentamos, a su vez a el Senado Provincial rechazar tajantemente la normativa que nos hace retroceder en el tiempo, recordándonos etapas de una Argentina de censuras, torturas, exilios y desapariciones”, remarcaron por último.
