Se trata del conjunto orgánico de documentos compuesto por pruebas en soporte papel, testimonios, oficios y diversos materiales de sumo valor generado en el marco del juicio llevado adelante por el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Salta, en relación a los delitos de lesa humanidad cometidos contra el gobernador constitucional Miguel Ragone, Santiago Arredes y Margarita Martínez de Leal.
Once años atrás, el 11 de octubre de 2010, los Jueces de la Cámara del Tribunal Oral impusieron la pena de prisión perpetua a Carlos Alberto Mulhall, ex jefe del Ejército de Salta; Miguel Gentil, ex jefe de la Policía de Salta y Joaquín Guil, ex jefe de Seguridad de la Policía. Además, condenaron a dos años de prisión de ejecución condicional a Pedro Javier Herrera y Raúl Nelson Herrera.
En esa ocasión se determinó la absolución de Andrés del Valle Soraire y al sindicalista de la Unión Obrera Metalúrgica Jorge Héctor Zanetto, condenados después por Casación.
Luego en 2021, en el marco de la revisión ordenada en 2016 por la Cámara Federal de Casación Penal a la sentencia del 2011, el Tribunal Oral Federal N°1 de Salta condenó a prisión perpetua a Soraire e impuso una pena de ocho años de prisión a Zanetto.
En custodia del Archivo de la Memoria, se resguardan más de 30 cuerpos documentales, con el registro de las testimoniales, las defensas y querellas y todas las actuaciones procesales administrativas.
“Este Fondo tiene un gran valor histórico, es el registro del juicio, del único gobernador constitucional desaparecido y secuestrado en la Argentina, el doctor Miguel Ragone y las otras víctimas, entre ellas la única sobreviviente de este ataque, Margarita Martínez de Leal.
Por constituir un hecho trascendental forma parte del acervo documental que integran los procesos para el resguardo, clasificación, identificación y posterior digitalización” sostuvo la directora Alba Fernández, y agregó sobre la sentencia: “El proceso demostró que los acusados desde sus respectivas posiciones en la estructura de poder y jerarquías de mandos no sólo participaron en la elaboración de una estrategia general, sino también en las decisiones sobre el empleo concreto y en la ‘determinación final’ en perjuicio de las víctimas”.
