La Comisión de Salud Pública y Seguridad Social del Senado recibió al médico Julio Vilchez, profesional de la salud con “expertise” en el tema.
El encuentro fue encabezado por el senador Manuel Pailler y contó con la participación de sus pares Carlos Ampuero, Leopoldo Salva, Carlos Rosso, Sonia Magno y Walter Cruz.
El proyecto, que llega con la aprobación de la Cámara de Diputados, impulsa la regulación de la actividad que llevan adelante los operadores de equipos de depilación láser con el fin de garantizar a la población usuaria del servicio, que estén capacitados para su manipulación y a la Autoridad de Aplicación la facultad para habilitar el funcionamiento de equipos e instalaciones.
Por estética, pero también por alteraciones hormonales
Vilchez sostuvo que la práctica de depilación mediante láser y luz pulsada no solo constituye una práctica con fines estéticos, sino que muchas personas la utilizan para solucionar problemas de salud derivados del excesivo crecimiento del pelo en algunas zonas del cuerpo. Al respecto, dijo que, del total de tratamientos, el 80% son de tipo estético, siendo la proporción del 70% en mujeres y 30% en varones; pero el restante 20% se dan por problemas de salud, dado que, en el caso de Salta, existe prevalencia de casos de patologías como el hipotiroidismo, que provoca un crecimiento de pelo muy grande en varias zonas del cuerpo, lo que en el caso de adolescentes trae aparejados problemas sociales como el bullying, que pueden derivar en trastornos psicológicos.
De avanzada
Vilchez sostuvo que en Salta últimamente proliferaron equipos láser de fabricación China, India o Singapur, que no están habilitados por ANMAT, cuando existen otros de origen nacional, alemán o israelí, que sí cuentan con la aprobación y cuyo costo asciende hasta los 30 mil dólares. Además, las aplicaciones se están dando en peluquerías, salones de belleza y hasta en domicilios, donde no están dadas las condiciones de higiene y seguridad necesarias.
También sostuvo que, de aprobarse la Ley, Salta pasaría a ser la primera provincia en regular esta actividad.
Por último, consideró que este tipo de tratamientos deben ser tomados como un problema de salud pública y deben ser supervisados por profesionales de la salud, tales como médicos, kinesiólogos o enfermeros debidamente capacitados y aplicados con equipos autorizados por la ANMAT, para evitar problemas que ya sucedieron, tales como quemaduras en el cuerpo por efectos de mala praxis.
