La ordenanza en cuestión se sancionó en el año 2012 y sorpresivamente la Municipalidad la reglamentó en junio de este año.
La norma crea un Régimen Comunal del Personal de Control de Asistencia y Permanencia (CAP), referido a los mal llamados patovicas, pero que actúan de personal de seguridad comúnmente en los locales bailables de la Ciudad de Salta.
El principal cuestionamiento es que el régimen tiene aplicabilidad no solo sobre los locales bailables, sino también sobre los locales gastronómicos y comerciales.
Además de normar los requisitos que tienen que tener las personas que se contemplen bajo la categoría de seguridad, la polémica se abre sobre el artículo 7 de la mencionada ordenanza. Este especifica que los dueños de los locales que comprende la ordenanza están obligados a contratar un seguridad cada 80 concurrentes en el local.
El sector comercial rechazó de lleno la medida y cuestionó que se haya avanzado en reglamentar la ordenanza sin haber convocado a la parte privada. Según indicaron desde la Cámara de Comerciantes Unidos, la reglamentación generó que desde asociaciones que nuclean a los “patovicas” exijan la contratación de personal en los locales que contempla la ordenanza e incluso desde la Agencia de Recaudación Municipal se avanzó en multas.
Desde la Cámara de Comercio e Industria, la Cámara de Comerciantes Unidos y la Cámara de Empresarios de Confiterías Bailables y Afines exigieron la intervención del municipio a raíz del conflicto.
El sector mantuvo un encuentro ayer a las 10 de la mañana junto a Federico Casas (secretario de Gobierno), Jorge Altamirano (secretario de Protección Ciudadana) y Fernando García Soria (secretario de Turismo y Cultura).
“Casas se comprometió a trabajar en la suspensión de la aplicación de la norma, pero de manera urgente, porque necesitamos ya que suspenda”, indicó Carol Ramos, titular de una de las cámaras a Nuevo Diario.
En el plenario de concejales que se realizó en el recinto deliberativo en la tarde de ayer, donde el sector comercial mantuvo un encuentro con los ediles por el horario corrido, los representantes de los privados plantearon formalmente a los concejales actuales que avancen con la derogación de la ordenanza.
