También manifestó preocupación por el estado del hospital San Vicente de Paúl de la ciudad de Orán y por temas que incluye el DNU presencial 70, que elimina leyes que fueron consensuadas que afectan a determinados sectores soslayando derechos, como es el caso de la extranjerización de tierras.
Entrevistado en el programa “Las Barbas en remojo”, el prelado sostuvo que la disposición del gobierno provincial de cobrar por las atenciones médicas que no sean de urgencia a los extranjeros “es una medida que tiene cierto tinte xenófobo”.
Explicó que: “La realidad de nuestra gente sencilla es que tiene parientes de un lado o del otro. Una cosa sin control, desmedida, donde alguien venga exclusivamente para hacerse una operación aquí o sacar una ventaja es una cosa, pero está la gente simple que no tiene documento propio pero tiene a sus familiares aquí. En frontera, no todo es blanco o negro”, remarcó.
Scozzina también se refirió a la realidad oranense en este nuevo contexto económico y social, y puntualizó su mirada en el sistema sanitario. “Los límites en el ámbito de la salud se agravan más por la falta de recursos. No se puede entender que un hospital como el de Orán no cuente con recursos para una cirugía o que tenga problemas elementales y no pueda tener una ayuda o acompañamiento porque todo lo que es la medicina privada es inalcanzable para grandes sectores, inclusive de sectores medios. Tiene que primar que el derecho a la salud es un derecho que se tiene que proteger por encima de cualquier realidad”.
Respecto al panorama nacional y habiendo participado de la 124ª Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal Argentina, celebrada en la localidad de Pilar, provincia de Buenos Aires, el pasado viernes, Scozzina hizo hincapié en la preocupación de todos los obispos del país en cuestiones que están incluidas en Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 70 y que reducen o eliminan derechos consensuados en leyes que se pretenden eliminar.
En particular hizo referencia a la eliminación de la ley de tierras, por la cual se impide la compra de terrenos en zona de frontera. “Es muy preocupante porque abre la posibilidad que cualquiera de nuestros territorios más sensibles y en plena frontera puedan sean adquiridos por algunos extranjeros, que ya sabemos quiénes son esos inversores extranjeros, son grupos que no tienen rostros, que están detrás del beneficio, que en este momento puedan comprar libremente. Es una preocupación que nos tiene que sensibilizar a todos porque afecta a la soberanía”.
Por otro lado sostuvo que: “Todos los actores políticos y los que están en la política tienen que tomar partido y tomar conciencia en dónde se van a ubicar. Si el problema está sucediendo en Salta, los funcionarios deben hacer los planteos en los ámbitos que corresponden. Los distintos gobiernos provinciales terminan condicionándose a si van a recibir o no una determinada ayuda económica, cómo sobreviven. Hay algunos planteos mínimos a los que hay que poner límite. La economía tiene que estar al servicio del hombre y no el hombre al servicio de la economía”.
Agregó también que el mensaje del Episcopado está “dirigido al Pueblo de Dios y que hay una invitación a solidarizarnos y a no ser cómplices con nuestro silencio y con no ver la realidad”, dijo y agregó: “No se lo decimos al presidente, sino a los católicos”.
