NOTA RELACIONADA: Marchas contra la detención de una médica por practicar un aborto en Tartagal
El juez le impuso a la imputada, como medida sustitutiva, mientras dure el proceso, presentarse semanalmente ante la Fiscalía Penal y prohibición de ausentarse de la ciudad de Tartagal sin autorización previa del Tribunal.
La Asamblea Feminista de Salta realizó esta mañana sendas protestas en la capital de Salta y Tartagal manifestando su enérgico repudio en Salta por la detención e imputación de la médica que garantizó el derecho de una interrupción legal del embarazo (ILE) en el hospital Juan Domingo Perón, en el marco de la Ley Nacional N° 27.610.
Referentes de varias organizaciones destacaron que la médica es parte de la red de profesionales que abogan por el derecho a decidir, y es una de las pocas que garantiza el derecho a la IVE/ILE en la provincia de Salta, donde prima la objeción de consciencia.
Había sido detenida e imputada
El fiscal penal de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas de Tartagal, Gonzalo Ariel Vega, además de pedir la detención, hoy imputó a la médica Miranda Lucía Ruiz, por la presunta comisión del delito de aborto, contemplado en el Art.85. Inc. 2. Ruiz fue asistida por un abogado particular y se abstuvo de declarar.
En declaraciones a Nuevo Diario, durante el mediodía del viernes 3 de septiembre, repudiaron el accionar del Poder Judicial patriarcal de Salta, que con estas actuaciones busca disciplinar a los profesionales que dan cumplimiento a los derechos de las mujeres y diversidades.
Recordaron que esta acción judicial "es una clara persecución personal y direccionada hacia la médica, quien denunció al médico Marcelo Cornejo, que haciendo uso de su profesión en el ámbito privado en Tartagal, ofrecía abortos a cambio de sexo", dijeron.
Conectaron este caso porque el abogado querellante de la detención de la médica es Rambert Ríos, abogado particular del acusado Cornejo. Destacan que hoy el médico a pesar de que está imputado por abuso sexual en la justicia, no se conoce una denuncia administrativa en su contra de parte del Ministerio de Salud Pública.
Denuncian que el Poder Judicial de Salta "incurre en violencia institucional, psicológica y física ante la doctora garante de derechos de las mujeres, consagrados por la ley a decidir por su propio cuerpo.
El repudia se hizo extensivo a ciertos medios que incurriendo en violencia mediática y simbólica hacia la paciente, vulnerando su derecho a la privacidad como usuaria del sistema de salud público, y las declaraciones de difamación hacia la doctora por parte de legisladoras provinciales.
Un caso de distinta vara
Florencia Gasparini de la agrupación feminista "Pan y Rosas", en diálogo con Nuevo Diario, remarcó que este "escándalo en esta Salta medieval, patriarcal, trae de vuelta al juez Mariscal Astigueta, que es el mismo juez que cuando fue el caso de Juana allá en el 2016, que era la niña wichi, que había sido violada en banda, cuando tenía 12 años, él (por Astigueta) también se negaba a darle a Juana el derecho a la IVE (Interrupción Voluntaria del Embarazo)".
"Entonces acá estamos en el caso de una joven de 21 años que se presenta en el hospital de Tartagal para realizarse una intervención con una de las pocas medica que en Salta lleva adelante estas prácticas. Recordemos que la IVE que se voto el año pasado en la ley, está la objeción de conciencia que hace que médicas y médicos de esta provincia y del resto del país, se puedan presentar como objetores para no realizar las intervenciones", dijo.
"Nosotros estamos por el derecho a decidir de nuestros cuerpos. En el caso de Juana también se ponía en discusión que estaba con un embarazo de 6 semanas, era un caso totalmente agravado por otras causas", recordó.
Destacó que en la justicia "ya son cientas de denuncias que se presentan que quieren hacerse la intervención y en Salta las dilatan en el tiempo. No es que uno decide: quiero hacerme una IVE y te autorizan no, es todo un trámite porque justamente lo que quieren hacer es estigmatizar, hay toda una presión de los anti derechos".
Entonces nuestra pelea es por acompañar a las mujeres y a la diversidad sexual ,a los hombres gestantes, en su derecho a decidir sobre su cuerpo", finalizó.
"Sin ESI ni politicas estructurales"
En el mismo sentido se expresó la médica feminista originaria Tyjuayliya Gea Zamora. "Hoy estamos acá como autoconvocadas para pedir la liberación de la compañera médica que fue apresada como estrategia de amedrentamiento a quienes garantizan derechos", sostuvo.
"Se siguieron los pasos adecuados, la compañera medica está muy bien preparada para eso, como todas las personas que garantizamos derechos, realmente acá lo que nos indigna o tal vez lo que nos llama la atención, es como arman una causa contra una persona que garantiza derechos de la nada; que incluso armaron toda una campaña por fuera sin que se enterara la médica", añadió.
Aseguró que que ellos (del Poder Judicial) ya sabían que la iban a meter presa, y a la compañera ni siquiera la habían notificado, ni siquiera sabía que estaba imputada ", aseveró.
Sostiene que en Salta no se llevan adelante políticas estructurales que cambiarían las realidades de las niñas y adolescentes en relación al embarazo precoz; al embarazo adolescente.
"Cuando hablamos de ESI, ni siquiera se ha hecho lo suficiente para implementar este programa y más pensando en esta zona lo que es San Martin o en el departamento Rivadavia, que tiene prevalencia indígena. Tampoco hay políticas específicas para trabajar el acceso a la educación sexual integral para jóvenes indígenas desde una mirada intercultural", enfatizó.
Las referentes feministas con este "pañuelazo" dijeron que abrazan la causa de la compañera, "para que sepa que no está sola, que no nos vamos a quedar quietas hasta que se haga justicia y éstas personas que tan maliciosamente tomaron estas acciones contra ella de verdad paguen lo que están haciendo", concluyó Zamora.
