Esta sorpresa fue generalizada debido a que no habían tomado ninguna medida sindical por los reclamos que vienen encarando por el pago de las indemnizaciones, entre otros temas.
Los efectivos policiales desembarcaron en el ingenio el jueves de la semana pasada y hasta ayer se mantenía una consigna reducida. Consultado al respecto, el ministro de Seguridad Juan Manuel Pulleiro, indicó que el despliegue obedecía a una orden judicial.
En tanto, desde la Fiscalía de General Güemes informaron que el abogado del Grupo Ruiz, que administra el ingenio, denunció una posible toma de las instalaciones durante el fin de semana, rumor que le llegó a través de unos audios que se habrían viralizado. "En razón de ello, el fiscal penal de General Güemes, Gabriel González, dispuso consigna fija en el lugar. Finalmente no hubo reunión de personas, por lo que hoy (por ayer) se limitó a una consigna ambulatoria. Además, el denunciante no acompañó la denuncia con los supuestos audios", señalaron.
Sin embargo, Mariano Cuenca, titular del SOEASI, tomó la situación como una respuesta negativa del Gobierno provincial al pedido que realizó hace un tiempo para que medie entre el sindicato y la empresa para resolver varios temas. Reclaman el correcto pago del 50% de las indemnizaciones de todos los trabajadores que fueron despedidos en 2018, el cumplimiento del Convenio Colectivo de Trabajo (CCT) y el reconocimiento por parte de la empresa del sindicato y sus autoridades.
"Nosotros no anunciamos ningún tipo de medida de fuerza. Solo comenzamos a reunirnos en asamblea en el sindicato y presentamos una nota al Gobernador solicitando una mesa de diálogo, que tuvo el acompañamiento de la CGT. La seguridad estatal ahora está al servicio de los intereses privados", afirmó el dirigente, y agregó: "La respuesta del Gobierno de reiterados pedidos ha sido la militarización desde el jueves pasado".
Para él, "la complicidad del Gobierno provincial con la patronal explotadora del ingenio comenzó hace tiempo y para ello usaron como operador de las maniobras para favorecer a la empresa al ministro de la Producción y Desarrollo Sustentable, Martín de los Ríos, quien también es presidente del PRO salteño".
Esto en referencia a la intermediación de la cartera productiva entre el Grupo Ruiz y los trabajadores despedidos para el pago de las indemnizaciones con terrenos que no cuentan con servicios básicos.
Mesa de Derechos Humanos
El copamiento de las fuerzas de seguridad del ingenio valió que la Mesa de Derechos Humanos (Familiares de Detenidos-Desaparecidos por Razones Políticas y Gremiales, Asociación Coca Gallardo, Asociación Lucrecia Barquet e HIJOS Salta, repudiaran la medida y se solidarizaran con el SOEASI.
"El Gobierno privilegia la custodia de los patrones del ingenio y amenaza e intimida a los trabajadores que desde el año 2018 vienen luchando para preservar su fuente de trabajo y las actividades y recursos para su pueblo y la región. En ese año ocuparon pacíficamente el ingenio y realizaron movilizaciones locales y provinciales a la vez que solicitaban al Gobierno de la provincia que se hiciera cargo del ingenio. Sus reclamos no fueron atendidos y alrededor de 730 obreros fueron despedidos y posteriormente la nueva administración a cargo del Grupo Ruiz reincorporó alrededor de 200 alterando negativamente sus condiciones laborales", explican en un comunicado.
