Las mismas fuentes no confirmaron que los motivos sean supuestos allanamientos efectuados en su domicilio, como lo mostraba un sitio web. Sin embargo, con los últimos movimientos que se cumplieron en la justicia por la causa penal iniciada contra siete agentes penitenciarios que habrían beneficiado a presos, quienes pagaban por esos hechos, es de suponer que alguna relación podría tener.
Las últimas detenciones se produjeron en diciembre y febrero; estos jefes detenidos enfrentan acusaciones por solicitar sobornos a reclusos a cambio de favores dentro del sistema penitenciario. Uno de ellos, además, está imputado provisionalmente por comercialización de estupefacientes agravada por ser cometida en lugar de detención.
El Juzgado de Garantías 3 del distrito Centro, tras analizar el pedido de la Unidad Fiscal conformada por Pedro García Castiella, procurador General de la Provincia de Salta, Ana Inés Salinas Odorisio y Gustavo Torres Rubelt, resolvió dictar prisión preventiva para uno de los funcionarios de la Unidad Carcelaria 1, mientras que denegó la solicitud de prisión domiciliaria para otro.
Ambos hombres están provisionalmente imputados como coautores del delito de exacciones ilegales agravadas (concusión).
El primero de ellos fue detenido el 15 de febrero. El segundo de los funcionarios del Servicio Penitenciario fue detenido el 6 de diciembre e imputado por el delito de exacciones ilegales agravadas (concusión).
Su representante legal había solicitado la revisión de su prisión preventiva.
El juez de Garantías 3 dictaminó que continúe detenido en la Alcaidía General de la Ciudad de Salta.
