La comunidad de profesionales y familias de personas con discapacidad protestaron en calle Belgrano 570, en reclamo de una millonaria deuda de prestaciones ya realizadas por parte de las obras sociales.
En un comunicado difundido desde el sector, remarcaron que las obras sociales llevan atrasos de meses en la acreditación de los pagos a los prestadores, a tal punto, que en agosto se debían liquidar pagos de prestaciones realizadas en abril, mayo y junio, hecho que no se concretó.
La medida tomada por las obras sociales de los pacientes repercutió al punto en que transportistas de personas con discapacidad llevan adelante actualmente un paro general de actividades reclamando solución a las autoridades estatales.
La Fundación H.I.R.Pa.Ce advirtie que de continuar esta situación se verían obligados a suspender las prestaciones a los 187 pacientes que concurren a sus consultorios.
Según se pudo saber, al Hogar Instituto de Rehabilitación del Paralítico Cerebral (HIRPaCe) en el año 2017, la Agencia Nacional de Discapacidad les debe más de un millón a valores nominales. En 2019, la suma alcanzó a $320 mil. En tanto es de casi 7 millones el monto lo adeudado del año 2022. Por su lado, las obras sociales tienen una deuda de casi 2 millones de pesos.
- Comunicado de H.I.R.Pa.Ce
Por FM Ya (91.3 Mhz), el delegado de la Superintendencia de la Salud en Salta, Alberto Escribas, explicó que para intervenir en la problemática, debe haber un reclamo formal de los pacientes por no recibir los servicios para que se intime a la obra social a que cumpla con la cobertura.
“Las obras sociales todo lo que son prácticas tienen que pagar”, sostuvo Escribas en favor del reclamo de los prestadores.
La cadena burocrática
Escribas argumentó a Nuevo Diario que en el caso de discapacidad, las obras sociales tienen que pagar los servicios prestados a los profesionales y que luego recuperan esos costos a través del estado nacional, en específico de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP).
Es decir que un prestador cobra de la obra social, pero a la vez estos fondos salen desde nación en base a la prestación realizada, lo que demora la liquidación de la práctica realizada. El dinero para llegar a manos del profesional, pasa por dos intermediarios.
Sin embargo, Ademar Anachuri, presidente de la Asociación de Transportistas de Discapacidad de Salta (ATRADIS), explicó por Radio Aries que desde Nación “decidieron no girar los fondos de AFIP a la Superintendencia para que pague a las obras sociales y las obras sociales a discapacidad”.
Por otro lado, manifestantes en las marchas aseguraron que recibieron correos de parte de las obras sociales que aseguran que estos montos de Nación no están llegando por lo tanto no les van a liquidar sus servicios.
El funcionario asevero que mantendrá diálogos con la central nacional para determinar la veracidad de los reclamos que esgrimió Anachuri.
La cadena burocrática por lo que pasa el dinero para profesionales del área de discapacidad es larga, mientras, el servicio de atención para pacientes en estado de vulnerabilidad corre riesgo de dejar de brindarse.
Los protestantes marcharon luego a la sede de la AFIP, con dos cuadras de automóviles que apoyaron la causa y una cuadra repleta de familias de pacientes y los propios profesionales médicos ante el peligro de la suspensión de las prácticas.
De no tener soluciones, adelantaron que marcharán hasta el Centro Cívico Grand Bourg, donde esperan que los reciba el ministro de Gobierno, Ricardo Villada.
