La disidencia que la congregación tiene con el Arzobispado tiene su base en el vínculo económico que existe entre el monasterio y las fundaciones que administra la referente del culto de la Virgen del Cerro, María Livia Obeid.
Así las cosas, Eduardo Romaní, abogado del arzobispado, señaló a FM Ya que el Vaticano debería intervenir a la luz de los últimos hechos.
Además, también consideró necesario que se adelanten los tiempos de rendición de cuentas que deben hacer las autoridades del Convento, uno de los puntos del acuerdo que se conoció a mediados de año y en el cual intervino el enviado del Vaticano, Javier Belda Iniesta.
"La obligación quedó con fecha, pero creo que habrá que adelantar tras lo que pasó esta semana. El Arzobispo tiene una restricción de acercamiento por una decisión judicial injusta. Que salga una denuncia del seno del convento, creo que tiene que adelantar los tiempos y se necesita la inmediata intervención por parte de las autoridades máximas de la iglesia", consideró Romani en el programa Hora de Voces.
El acuerdo que firmaron las Carmelitas y el Arzobispado abordaba puntos que fortalecían la autonomía administrativa del Carmelo y de acompañamiento al culto a la Virgen del Cerro a través de las celebraciones eucarísticas, con el fin de dar un cierre a la causa que investigaba a monseñor Mario Cargnello y a otros dos sacerdotes por violencia de género en perjuicio de las monjas.
El pedido de adelantar las rendiciones de cuentas del Convento San Bernardo está relacionado con las declaraciones que trascendieron desde el Carmelo sobre ciertas dificultades económicas, lo que llamó la atención del arzobispado por las propiedades que tienen y los recursos que les manejan las fundaciones administradas por la familia Obeid.
"La justicia está investigando y nosotros acompañamos. Lo que importa es saber dónde está la plata que es patrimonio de la iglesia. Hay una obligación de investigar, de saber. Si no pueden rendir cuentas, tendrán que dar las explicaciones ante la justicia y hacerse responsables como corresponde", manifestó Romani.
Actualmente la fiscal Ana Salinas Odorisio, que investigaba el manejo de recursos, se apartó de la causa alegando violencia moral por agravios y falta de respeto de los abogados defensores de las Carmelitas Descalzas, Juan Casabella Dávalos y José Viola.
Desde la Procuración aún no se designó un fiscal sobre el que recaiga la causa.
Un dato que surge de las últimas audiencias que presidió Salinas es que la madre priora del Convento San Bernardo informó que Carlos Obeid, esposo de María Livia, "lleva las cuentas", junto con Marcelo Mentesana.
En los próximos días la defensa de Cargnello presentará una exposición por escrito cuestionando la orden de restricción de acercamiento que tiene Cargnello en el marco de la causa por violencia de género. Esto obedece a una necesidad de intervenir como autoridad ante los últimos acontecimientos.
Romani confirmó que recibieron información sobre situaciones de violencia dentro del convento, pero que no pudieron actuar dadas las restricciones. Sin embargo, desde el Arzobispado sostuvieron ante medios de comunicación que desconocían que las monjas quisieran abandonar el convento.
"Hay denuncias de violencia, pero resulta que se comunican con el arzobispo que se mantiene distante como corresponde. Tengo muchos cuestionamientos con respecto a la causa de violencia familiar. Lo vamos a exponer en los próximos días por escrito y con las presentaciones pertinentes porque se están omitiendo detalles.
El juzgado de violencia está para proteger a las personas que están sufriendo violencia, y vemos lo que pasó esta semana. Creo que hay un velo que no se está levantando y hay que trabajar en ese sentido", sentenció Romani.
El fiscal Ramiro Ramos Ossorio, investiga lo ocurrido con las dos monjas retenidas en el convento contra su voluntad, ya les tomó las correspondientes declaraciones. Ellas apuntaron contra la priora del Carmelo.
Las dos mujeres contaban con las autorizaciones del Vaticano para salir por motivos médicos de la reclusión del monasterio.
El fiscal señaló que desde el monasterio nunca brindaron canales de diálogo con la justicia para llegar a un acuerdo y evitar el allanamiento.
