Se planteó la posibilidad de realizar trabajo coordinado del Ministerio Público Fiscal y la Municipalidad a través de los Centros Integradores Comunitarios y la agilización de los trámites pertinentes para que el municipio pueda dar cumplimiento a la tarea de eliminar baldíos en terrenos privados.
El procurador general de la provincia, Pedro García Castiella, mantuvo este lunes una reunión con el intendente de la ciudad de Salta, Emiliano Durand, donde se abordaron distintos temas vinculados a problemáticas del ejido municipal. En relación a la problemática de contaminación del río Arenales y a cuyos fines se creó una Unidad Fiscal Ambiental, el intendente Durand fue puesto en conocimiento de las tareas que se llevan adelante y se planteó la posibilidad de que la Municipalidad, a través del área de Bromatología, pueda realizar controles administrativos de los productos (frutas y verduras) que se venden en el mercado local.
En relación a las problemáticas barriales, se analiza la posibilidad de que mediante convenios se realice un trabajo integrado entre el Ministerio Público Fiscal con la Municipalidad para que en los Centros Integradores Comunitarios se brinde asistencia a víctimas de violencia familiar y de género y los jóvenes en relación a la comisión de delitos menores, a fin de realizar un abordaje socioeducativo.
Oferta educativa
La Municipalidad firmó un convenio de cooperación mutua con el Ministerio de Educación de la Provincia.
El acuerdo establece la implementación de cursos de capacitación, formación laboral y profesional con el objetivo de promover la inserción laboral y fortalecer la productividad y competitividad de los estudiantes, favorecer la formación técnica y competencias profesionales. La secretaria de Gobierno del municipio, Agustina Agolio, destacó la gratuidad de los cursos y la importancia de brindar herramientas a los ciudadanos.
Diferentes criterios provinciales
Si bien hay disparidad de criterios en varias provincias en cuanto a la ficha limpia, las normas locales no son idénticas, pero todas mantienen la idea central de que quienes fueron juzgados y condenados en sede penal no puedan ser candidatos. Algunas, como es el caso de Mendoza, consideran suficiente una condena de primera instancia. Otras, impiden la candidatura de quienes hayan sido condenados en dos instancias, aunque la sentencia se encuentre recurrida. Todas las leyes provinciales se refieren a los delitos de corrupción; algunas agregan delitos contra la integridad sexual o comprenden a los delitos dolosos en general.
