La iniciativa logró la firma de diez concejales, entre ellos tres del Partido de la Victoria, y fue aprobado sobre tablas, alrededor de las 23, por 12 votos a favor contra 4 negativos.
El proyecto de Suriani figuraba en el boletín de asuntos entrados del martes último y había sido derivado a la Comisión de Derechos Humanos y Garantías Constitucionales, que preside el radical Alberto Salim. Se esperaba que hubiera un debate en esta Comisión y, de hecho, organizaciones de derechos humanos estaban preparándose para pedir participación en esta discusión.
Según entienden, la construcción de ese monumento fue ordenada por el dictador y convicto represor Jorge Rafael Videla, convencidos que resulta inapropiado porque era un homenaje a una lucha fraticida, y porque la acción del 28 de mayo de 1975 en una escuela en la localidad de Manchalá, es considerada parte del Operativo Independencia, la represión lanzada por las Fuerzas Armadas durante el gobierno constitucional de María Estela Martínez de Perón.
Trámite expres y sin debate
La rápida acción de Suriani evitó el debate, en una sesión en la que justo no estuvo la concejala Lihue Figueroa (PV, ausente debido a problemas de salud de su hijito), claramente la más comprometida con el esclarecimiento de los crímenes cometidos en la década del 70 por fuerzas estatales y paraestatales.
Ayer Suriani estaba exultante. Repetía que había logrado que firmaran con él diez concejales, “de todos los bloques”, incluido el PV, David Leiva, Mario Moreno y Alberto Hosel, y que en la votación había sumado los apoyos de Romina Arroyo y José Ignacio González, de Salta nos Une, SU (que responden al intendente Gustavo Sáenz), también apoyaron los PRO Virginia Cornejo y Ramón Castillo, los justicialistas Frida Fonseca, Gastón Galíndez y Gustavo Serralta, el radical Ángel Horacio Ortiz y Ángela Di Bez y Matías Cánepa (estos dos últimos también del SU).
Para entonces los concejales del Partido Obrero, José Britos, Cristina Foffani y Mirta Hauchana, se habían levantado, afirmando que se trataba de una maniobra de Suriani, porque se había acordado que el proyecto sería discutido en comisiones.
Lo considera un desagravio
“Por mayoría, 12 (en realidad serían 13) votos a 4, con todos los bloques representados, hemos logrado que este Concejo Deliberante desagraviara y reconociera el accionar valeroso de esos 19 soldados que el 28 de mayo de 1975, en pleno gobierno democrático, un gobierno elegido por el 62,5 % de los votos, fue atacado por más de un centenar de subversivos del ERP (Ejército Revolucionario del Pueblo)”, sostuvo Suriani antes de criticar al ex concejal Martín Ávila, quien en 2012 fue el autor de la ordenanza 37 que pidió la demolición del monumento.
Afirma que Avila mintió a sus pares
Según Suriani, Ávila logró apoyo a esa iniciativa “mintiéndole a sus pares” y con el sólo ánimo de “vengar esa derrota” (de los guerrilleros a manos de las fuerzas regulares) y a pedido “del gobierno nacional”, Nilda Garré y del histórico abogado de derechos humanos Luis Eduardo Duhalde. “Sabemos que eran miembros de ERP y Montoneros”, remató el actual concejal, quien se inscribe en la línea de defensa y reivindicación de la actuación de las fuerzas armadas en la tristemente célebre década del 70 en la Argentina.
Suriani informó que el 14 de diciembre se reconocerá y desagraviará a los soldados “entregándoles este documento” (la resolución) y si bien adelantó que el monumento (demolido en 2013) no será reconstruido, dijo que se va a tratar de reinstalar el cartel que “reconocía el Combate de Manchalá como un hito histórico de defensa de la patria y la democracia”.
Rechazo de organizaciones de derechos humanos
Ni bien se conoció la novedad de la sorpresiva aprobación de la nueva ordenanza, miembros de organizaciones de derechos humanos y organizaciones políticas manifestaron su disconformidad.
“En principio me sorprende la postura de los concejales que acompañaron primero y que aprobaron esta resolución” porque el de la acción del 28 de mayo de 1975 “es un tema muy delicado, un tema que requiere mucho conocimiento y que más allá de que uno esté de acuerdo o no, creo que requiere de responsabilidad antes de votar, entonces creo que hay una cuota de irresponsabilidad de los concejales que votaron esto, porque me atrevo a decir que no todos conocen en profundidad el tema, lo que se ha votado”, sostuvo Cristina Cobos, de la Asociación de Derechos Humanos “Lucrecia Barquet”.
Demolición fundamentada y documentada
Cobos dijo que le hubiera gustado que los concejales estudiaran este tema, convocaran a los interesados en debatir sobre la cuestión y se informaran debidamente antes de emitir sus votos. Recordó en este sentido que cuando el concejal Martín Ávila propuso la demolición del monumento hizo un pedido fundamentado y documentado.
“En ningún momento salió en los medios la postura de ningún otro concejal, además de la de (Andrés) Suriani, que ya conocemos cuál es su postura, él es una persona que tiene una formación de derecha, afirmó.
La Agrupación El Aguante, corriente del PV, expresó su “más profundo repudio y aversión a la resolución deliberativa que avala una cruel postura de la derecha fascista, en la que se encuentra cómodamente el concejal del PRO Andrés Suriani”.
