En la jornada de ayer el gobernador Gustavo Sáenz compartió en sus redes sociales una reunión que mantuvieron con la jueza de Minas, Victoria Mosmann, de la que también participaron autoridades de la Sindicatura General de la Provincia, el ministro Martín de los Ríos y la secretaria Romina Sassarini.
En ese encuentro según comentó Sassarini a este medio se trabajó en articular la fiscalización de la gran cantidad de proyectos mineros que llegan a Salta atraídos por el litio, para evaluar si cumplen con las normativas vigentes sobre la concesión del recursos, que incluye la realización de inversiones en la tierra cedida.
Este control de inversiones está en manos del juzgado pero actualmente y por pedido del ejecutivo provincial, la Secretaría de Minería se está encargando de fiscalizar en campo los controles de ordenados por las autoridades judiciales.
“Hay procesos iniciados, hay control de las inversiones y nosotros estamos colaborando con el juzgado para las verificaciones en campo”, confirmó la secretaria. Esto quiere decir que el juzgado ha detectado posibles irregularidades con mineras que no están invirtiendo en las tierras, incumpliendo las normativas
Además, el Juzgado de Minas ha enviado 20 requerimientos para que la secretaria controle en campo estas posibles irregularidades.
Sáenz semanas atrás advirtió que ordenó a la Sindicatura realizar un relevamiento de las inversiones mineras que se hacen en la provincia, para evitar una posible especulación inmobiliaria con la compra y venta de terrenos que presenten litio como mineral en el subsuelo de las tierras.
Esto ocurre luego de que se conociera que la minera argentina PlusPetrol adquirió proyectos mineros en Salta que luego vendió a la empresa china Gangfem Lithium, teniendo ganancias que cuadriplicaron la inversión realizada en la compra de las tierras.
Sobre este punto, Sassarini advirtió que el Código de Minería de la Nación prevé que las minas se asemejan a los bienes inmuebles y por lo tanto se pueden hacer estas transacciones de carácter inmobiliario. “La cuestión aquí es controlar que efectivamente se hayan cumplimentado las inversiones”, sostuvo.
Otros de los puntos a los que se refirió la secretaria es el control de la mano de obra. Según la ley de Promoción Minera sancionada en el 2019 por la Legislatura Provincial, los proyectos deben tomar mano de obra y utilizar servicios locales de insumos entre un 40 y 70%. La secretaría es la encargada de calcular cuánto es lo que corresponde que se contrate en base a la magnitud del proyecto y hacer los controles de esta ley.
“Nosotros recién estamos pidiendo la validación de los requerimientos como es una norma nueva recién ahora salieron las notificaciones para controlar esos proyectos”, afirmó Sassarini.
Por último, Sassarini cuestionó la intención del gobierno nacional de fijar un precio común con Bolivia y Chile en la exportación de litio. Afirmó que es materialmente imposible dadas las diferencias normativas entre los 3 países. ”Estas cosas atentan contra las inversiones a la provincia que tanto intentamos atraer”, sentenció.
