La Campaña Nacional por el Derecho al Aborto legal, Seguro y Gratuito lanzó un comunicado días atrás viendo con preocupación el proyecto que se trata en la Legislatura de Salta para implementar Consejerías Integrales gestionadas por organizaciones no gubernamentales.
En el escrito, indicaron que se encuentran en alerta por la media sanción del proyecto, autoría de la diputada Cristina Fiore, a quien señalaron como “explícita militante opositora al derecho al aborto”.
“Así como lo intentó Cynthia Hotton en CABA, Fiore pretende a traveés de este proyecto de ley crear consejerías integrales en los establecimientos de salud que brinden atención a la embarazada y a la persona por nacer. Además, el proyecto indica explícitamente que se deben incorporar en estas consejerías representantes de Organizaciones no Gubernamentales y Asociaciones Civiles”, manifestaron.
Desde la Campaña expresaron que esta ley es una “estrategia” que permite la entrada en los hospitales públicos a “organizaciones religiosas y confesionales”, poniendo en riesgo el acceso a la información fehaciente, el derecho a la libre decisión, la confidencialidad, entre otros.
“Tenemos vasta experiencia en ver cómo actúan estas organizaciones infiltrándose de manera ilegal en los hospitales ejerciendo todo tipo de violencias para vulnerar y obstaculizar derechos de mujeres, niñas y adolescentes. Por eso, no permitiremos de ninguna manera que sean estas mismas organizaciones quienes gestionen supuestas consejerías integrales en los establecimientos de salud de la provincia de Salta”, dijeron.
Para finalizaron, remarcaron que exigen la separación de la iglesia y el Estado, la desestimación del proyecto, mayor presupuesto para el fortalecimiento de los equipos de salud tanto en la formación de cargos como en la capacitación con perspectiva de género.
En ese marco, el jueves 6 de julio desde las 13 horas habrá un abrazo simbólico en la Legislatura Provincial y un pañuelazo, convocado por la Asamblea LesboTransFeminista repudiando la ley de Consejerías Integrales, el registro de obstructores de lazos familiares y la Ley de Convivencia Social.
