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El Convenio rubricado por el procurador general Pedro García Castiella y el presidente del EnReSP, Carlos Humberto Saravia, se fundamenta en la conveniencia de optimización de los recursos humanos, información y materiales de ambas instituciones con el fin de potenciar su eficacia y eficiencia en beneficio de la protección del medio ambiente.
Adicionalmente, se ha acordado un Protocolo específico que se centra en cuestiones ambientales, la racionalización de controles y la mejora de los sistemas de agua y saneamiento en nuestra provincia. Mediante el mismo, se establece la colaboración en el análisis de agua potable y efluentes cloacales, en el que el Departamento Técnico Científico del Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF) proporcionará orientación técnica y llevará a cabo análisis conforme a estándares de calidad en cooperación con el EnReSP.
García Castiella destacó: “Uno de los aspectos más notables de la firma de este convenio es la sinergia entre ambas entidades, posibilitando una acción conjunta para abordar denuncias que puedan tener implicaciones investigativas o administrativas relacionadas con la preservación del medio ambiente, la contaminación y un control mas riguroso de los cauces de aguas".
Y añadió:"Esta colaboración brinda confianza a la comunidad, garantizando que cualquier asunto vinculado al entorno ambiental sea abordado con firmeza, seriedad y rigor. Constituye un paso crucial hacia la conservación y cuidado de nuestros recursos naturales y la salud y el bienestar de nuestra comunidad; basta advertir como solo ejemplo respecto de ello lo que ocurre con los niveles de contaminación del Rio Arenales, su efecto inmediato en la población de la capital y mediato, en los niveles aguas abajo que culminan en embalse Cabra Corral”.
El conflicto ambiental por el Río Arenales
El acuerdo se da tras el conflicto que encabeza el Ente Regulador con Aguas del Norte con respecto a la prohibición de autorizar nuevas conexiones cloacales en el egido capitalino.
Carlos Saravia manifestó en Hora de Voces (FM Ya 91.3) que elevó documentación a la Unidad Fiscal Ambiental Subcuenca Arias-Arenales creada por el Procurador General de la Provincia para la protección y recomposición hídrica integral del área geográfica abarcada por la subcuenca de los mencionados ríos.
El motivo de la elevación judicial se debe a las autorizaciones emitidas por Aguas del Norte para la instalación de los servicios cloacales en el barrio privado Jardines de San Lorenzo, ubicado en San Lorenzo Chico.
El organismo que encabeza Saravia había dictado una medida cautelar que prohibía a la empresa que conduce Ignacio Jarsún nuevas conexiones al sistema de cloacas de la Ciudad de Salta, debido a estudios que revelaban que un 30% de los líquidos cloacales llegaban al Río Arenales sin tratamiento previo, por un colapso en la planta de tratamiento.
"Aguas del Norte recurre la resolución como si fueran los barrios privados. Esta confusión que tienen sobre los intereses es grave", dijo Saravia.
Y añadió: "El vuelco de crudo cloacal al río Arenales es algo innegable. Esto no es más que la expresión de la realidad, porque hay un 30% de la fuente cloacal que no puede tratar la planta depuradora sur hoy y por eso se está haciendo una obra de ampliación de $5 mil millones de pesos que financia Nación. Ahora, cuando nosotros vimos el lobby de los barrios privados, cuando vimos los excesos de algunas subcontratistas de mineras que arrojan la fuente de los baños químicos, cuando vimos que en el parque industrial también usan la cloaca, le planteamos a Aguas del Norte el problema. Usan la cloaca hasta para tirar ácido en el Arenales", detalló sobre el problema el funcionario.
