Y es que más de 30 entidades que congregan a médicos de distintas especialidades anunciaron que comenzarán a cobrar un copago o bono adicional por atender a pacientes de prepagas y obras sociales, y que lo ajustarán cada dos meses. Ese adicional podría tener un piso de 6.000 pesos por consulta.
"Hoy, los médicos decimos ¡basta! Basta de imponernos un valor no digno para nuestros honorarios, basta de demoras en los pagos, basta de débitos injustificados, y basta de no tener control sobre el valor de nuestro trabajo", advirtieron.
Ese adicional, que representará un dolor de cabeza extra para millones de argentinos, busca que los médicos cobren un piso de 6.000 pesos por consulta. No aclararon cuánto es la diferencia que deberá abonar el paciente en ese "bono" para que los profesionales puedan cobrar ese dinero por consulta.
Distintas entidades salieron a repudiar esta práctica 'blue' que gana lugar en la Argentina y que para el médico es una forma de generar ingresos extra, pero para el usuario es un costo más que golpea su bolsillo. A los dichos de Claudio Belocopitt, presidente de la Unión Argentina de Salud (UAS), se sumó la Cámara de Entidades de Medicina Privada (Cempra).
El vicepresidente de la cámara, Ricardo Lilloy, afirmó que se tomó de modo "inconsulta" y "unilateral" la medida, y que no puede negarse la atención a los afiliados.
Las obras sociales sindicales vienen reclamando de manera insistente a las distintas delegaciones de las superintendencias de Servicios de Salud (SSS) en todo el país, por el cobro de adicionales a los afiliados por parte de prestadores de salud y denunciaron que se trata de una “recurrente práctica llevada adelante por sanatorios y clínicas en perjuicio de los trabadores y sus familias”.
Respeto y consideración
Semanas atrás, Nuevo Diario advertía a partir de los anuncios nacionales, que desde las privadas prestadoras de servicios de salud, se las ingeniaron para plantear un copago que pone en jaque a los afiliados de las mismas.
“Queremos pedirles a todos los actores del sistema de salud que piensen en los beneficiarios de las mismas, que tratemos de ser solidarios para atravesar este tramo escabroso de la economía argentina, que lleguen a un acuerdo porque sino vamos a terminar saturando a la salud pública”, sostenía Alberto Escribas, delegado en Salta de la Superintendencia de Servicios de Salud, al tiempo que advirtió que ese tipo de prácticas es ilegal.
