María Pía Ceballos, Alba Rueda, Ana Pérez Declercq, Alfonsina Morales, Tania Kiriaco, Andrea Flores, Natalia Gil, Flavia Garagorri y Marta César difundieron ayer un texto en el que aseguran que con estas acciones el gobierno de Salta viola los artículos 10 y 22 de la ley 26.061, de protección integral de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, “como así también la Convención sobre Derechos del Niño”.
Con el título “¿Inteligencia artificial o artificio patriarcal?” estas mujeres hicieron una reflexión “sobre la estigmatización de las mujeres jóvenes en condiciones de pobreza”.
La aplicación de inteligencia artificial para predecir embarazos de la que habló el gobernador, se inició en junio del año pasado. El propio Gobierno informó que había firmado un convenio con la empresa Microsoft por el que la información que “posee Salta a través del Ministerio de Primera Infancia será procesada con Microsoft Azure para diseñar políticas específicas contra la de-serción escolar y embarazo adolescente”.
“Las preguntas sobre el abordaje de los embarazos en la adolescencia, el modo en que se construyen los datos poblacionales, el uso de los datos personales, la utilización de información protegida, el hermetismo de este programa como política pública y acerca de las ‘predicciones’ realizadas a partir del software que proyectaría el comportamiento de las mujeres, son el eje de estas notas”, señalaron las mujeres que se manifestaron preocupadas por esta iniciativa.
Son, señalaron, “interrogantes y preocupaciones de mujeres, lesbianas, travestis y trans, protagonistas y víctimas de los embistes de la derecha patriarcal”.
“La gravedad y la liviandad de los dichos del gobernador, contrastan con un dato de enorme preocupación: en 2017 casi el 20% de los nacidos vivos fueron hijos de madres adolescentes en la provincia, la cifra es altísima y es urgente la creación de políticas públicas con perspectiva de género en los ámbitos de Salud y Educación”, advirtieron.
Añadieron que el abordaje de los embarazos adolescentes “no puede reducirse al cruce de variables” y a proyecciones de potenciales embarazos. “No hace falta buscar en el futuro las ‘predicciones’ de un software sino en el presente y nuestro pasado reciente” y en la “ausencia de políticas públicas”, afirmaron.
Desidia estatal
Las mujeres destacaron que el embarazo adolescente es también consecuencia de la violencia de género en las relaciones de pareja, la falta de educación sexual, “la falta de acceso a una atención integral para niñas y adolescentes” y la violencia sexual.
“El embarazo en la adolescencia tiene factores relacionados con la desidia estatal y con problemáticas sociales y políticas de entramados muy complejos”, añadieron. “Estas inequidades son producto de desigualdades económicas y estructurales y construcciones sociales y culturales donde las mujeres ocupan un lugar de subordinación y sumisión”, afirmaron y exigieron ser parte de las políticas públicas para el sector.
