El proyecto será tratado por el cuerpo de senadores el próximo jueves.
La iniciativa abarca a jóvenes de 18 a 30 años en dos etapas, una de capacitación de hasta 12 meses de 4 horas diarias y 20 semanales y otra de acceso al mercado laboral, ambas de la mano de un incentivo provincial, valuado hoy en 25 mil pesos mensuales de acuerdo a un porcentaje tomado del salario mínimo, vital y móvil.
El Presidente del Colegio de Abogados, Pedro Burgos, acompañado por los abogados José Araoz y Angel Restom, expusieron su punto de vista al análisis realizado oportunamente al proyecto.
Expresaron que en la Ley se observan dos aspectos bien diferenciados. Uno es la formación o capacitación que van a brindar las empresas, que debe ser controlada para que no se realicen tareas laborales, y en segundo término la contratación que puede realizarse en cualquier momento de la capacitación. "En otras provincias se establece una capacitación de 12 meses antes de poder contratar al empleado, aquí permite la contratación al momento que se crea adecuado, sin tener que esperar ese plazo", afirmó Burgos.
Agregó que "es un proyecto que sigue la línea nacional, en otras provincias se implementa hace tiempo, como en Córdoba que hemos tenido la oportunidad de conocerlo. Nos parece positivo que el Estado pueda proponer algo que ayude a la generación de empleo".
Por otra parte, los senadores consultaron sobre la posibilidad de que esto vaya a traer conflictos judiciales a futuro, pero los abogados expresaron que está muy claro el espíritu del proyecto y que no se debe dejar de lado el control que debe realizar el Estado sobre las empresas que se adhieran al programa.
Asimismo, los legisladores dejaron en claro que al momento del tratamiento se va a solicitar al Poder Ejecutivo algunos puntos que no deben dejarse de lado en la reglamentación del mismo, como las posibles sanciones o controles que se deban realizar a la aplicación del programa por parte de las empresas, como sugirió el senador Walter Wayar, para evitar posibles fraudes laborales.
