A partir de las 12 del mediodía, se llevará adelanta una movilización convocada por la CGT en todo el país. En el caso de Salta, la convocatoria será en la Plaza 9 de Julio, con la adhesión de una gran cantidad de gremios y organizaciones, en rechazo al decreto de necesidad y urgencia emitido por el presidente de la Nación, Javier Milei.
En su comunicado, el CPT apuntó directamente al “protocolo para el mantenimiento del orden público ante el corte de vías de circulación” promulgado por el Ministerio de Seguridad de la Nación, a cargo de Patricia Bullrich, y declaró varios puntos a tener en cuenta.
En primer lugar, remarcaron que el derecho a la protesta se encuentra dentro de la Constitución Nacional y en los tratados internacionales a los que adhirió la Argentina. Seguidamente, afirman que el protocolo de Bullrich desconoce dicho derecho y avanza sobre facultades del poder legislativo y del poder judicial, al autorizar la detención de personas sin orden de judicial.
También, indicaron que el protocolo avanza sobre las competencias de las autoridades provinciales, “desnaturalizando las condiciones fijadas en la Ley de Seguridad Interior para la intervención de fuerzas federales en sus territorios”.
El comunicado sostiene que la interrupción del tránsito de vehículos, peatones o actividades diarias “es un medio necesario para ejercer el derecho a la protesta y no habilita el uso de la fuerza por parte de los agentes públicos”.
Asimismo, afirma que cualquier directiva a las fuerzas de seguridad que intervienen en protesta social debe prohibir taxativamente la portación de armas letales y munición de plomo, así como el uso de gases lacrimógenos y camiones hidrantes.
A ello, agregan que la identificación o registro de manifestantes “colisiona con las prohibiciones establecidas en la Ley de Inteligencia Nacional”.
El Comité afirmó que, como se viene efectuando desde su constitución, asistirá a las distintas movilizaciones que se realizarán en la provincia para “monitorear el uso de la fuerza pública, prevenir casos de tortura, malos tratos, detenciones arbitrarias u otras formas de violencia institucional”.
Por último, pusieron a disposición un teléfono de denuncias: 3872286782. El mismo, informaron, estará de guardia permanente.
