En la tarde de ayer, legisladores mantuvieron un encuentro con el Procurador General de la Provincia, Pedro García Castiella, donde dialogaron sobre el proyecto presentado por el Ministerio Público Fiscal para modificar la Ley Electoral e incluir las condenas por narcotráfico como prohibición para ser candidatos en eleccciones.
En Hora de Voces (FM Ya 91.3), el diputado Luis Albeza comentó que la reglamentación actual establece prohibiciones y limitaciones para quienes puedan ser candidatos a cargos electivos, conocida como la Ley de Ficha Limpia. De acuerdo a esta normativa, aquellos que tienen condenas firmes en crímenes vinculados a la administración pública, a lo económico y financiero y a la integridad sexual no pueden presentarse en las elecciones.
“El Ministerio Público Fiscal propone agregar un nuevo inciso prohibitivo que sería aquellas personas que tienen una condena confirmatoria vinculada a las causas del narcotráfico, para prohibir a quienes hayan tenido delitos de tráfico de estupefacientes o crímenes organizados puedan acceder también a los cargos públicos”, informó el legislador.
Durante la mañana de hoy, la Comisión de Justicia y la Comisión de Legislación General definirá si otorgará dictamen a dicho proyecto. De ser así, la iniciativa podría tratarse en el recinto en la sesión que tendrá lugar esta tarde.
“Yo lo vi con bastante aceptación de los legisladores. La explicación fue clara. El narcotráfico va infiltrándose en los distintos estamentos de poder. Primero, ingresa en los barrios más vulnerables a través de la adicción de las drogas y después va penetrando en la sociedad en los distintos niveles y la idea es frenar eso para que no nos convierta en un futuro en un narcoestado”, remarcó Albeza.
De esta manera, sostuvo que el proyecto del MPF colaboraría con la intención de empezar a frenar o, al menos, contar con garantías mínimas para evitar esta infiltración del narcotráfico a los lugares de poder y tomas de decisiones.
El diputado también remarcó que la ley no puede ser retroactiva, en caso de aprobarse; por lo que aquellas personas que hoy estén en cargos electivos y cuenten con alguna condena de este tipo no podrían ser destituidos.
Asimismo, señaló que tal como lo exige la Convención Interamericana de Derechos Humanos la ley alcanzaría a quienes tengan una condena confirmada, es decir, que haya quedado firme luego de las instancias de apelación.
