El Tribunal Oral Federal N°1, integrado por Mario Marcelo Juárez Almaraz, Federico Santiago Díaz (presidente) y Marta Liliana Snopek, condenó a Claudio Marcelo Palacios, empleado de la Unidad Salta del PAMI y a Sebastián Gonzalo Villagrán Di Prieto, un empresario local, por los delitos de negociaciones incompatibles con la función pública, el primero en grado de autor y el segundo como partícipe necesario.
Respecto a Palacios, la condena incluyó también el delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público, requerido en concurso ideal. El fallo, dado a conocer el 31 de mayo pasado, se completó con la absolución de Ricardo Gabriel Coronel, también empleado del PAMI, decisión que se adoptó por el beneficio de la duda.
En materia de pena accesoria, multa y reglas de conducta, el tribunal concedió todo lo pedido por el fiscal Ricardo Rafael Toranzos, quien llevó adelante el caso desde que fue formalizado, el 2 de junio del año pasado ante el juez federal de Garantías N°1, Julio Bavio.
Al respecto, el fiscal, tras determinarse la responsabilidad penal de Palacios y Villagrán Di Prieto, había requerido el pago de una multa de 1.660.000 pesos por parte de cada uno de los condenados, lo que fue admitido por el tribunal.
En materia de reglas de conducta, en tanto, se ordenó que ambos realicen un curso de ética, y se abstengan de negociar contrataciones con el Estado.
Tarea comunitaria e inhabilitación absoluta
La sentencia judicial incluye la realización de tarea no remunerada por 60 horas durante un año en hogares de ancianos, para con ello puedan recapacitar sobre el daño causado.
Al ingresar a la pena accesoria, el fiscal solicitó para Palacios la inhabilitación absoluta y perpetua para el ejercicio de cargos públicos, pedido que la defensa intentó revertir con un recurso de inconstitucionalidad contra la norma legal que lo establece, lo que fue rebatido por la fiscalía.
Al expedirse sobre este punto, el tribunal compartió la posición del Ministerio Público Fiscal respecto a Palacios e incluso fue más allá, pues extendió la pena accesoria a Villagrán Di Prieto, quien, de esta manera, no podrá ingresar jamás a la función pública, ya sea por contratación o a través de un cargo electivo.
Todo comenzó con una audiencia anónima contra los tres acusados
El caso, como se expuso en la apertura del juicio, el 5 de abril pasado, se inició a partir de una denuncia anónima en la que se implicó a los tres acusados en maniobras dirigidas a beneficiar con la concesión de servicios audiovisuales a Villagrán Di Prieto, lo que se descubrió mediante tareas de campo e inteligencia criminal llevadas adelante desde el Área de Casos Complejos, investigación en las que intervinieron el auxiliar fiscal Facundo Mirabella y Ana Gómez Rincón.
Al fundar la acusación, luego de varias audiencias en la que se escucharon a numerosos testigos, en su mayoría funcionarios del PAMI, periodistas y personal de la Delegación Salta de la Policía Federal, que estuvo a cargo de las pesquisas del caso, el fiscal Toranzos desarrolló un pormenorizado relato de los hechos, los que también respaldó con una serie de audios de diálogos entre los acusados, interceptados durante la investigación preliminar.
Sin rodeos, el fiscal puso el acento sobre la naturalización de la corrupción dentro del orden estatal, resaltó la falta de transparencia del área responsable de las contrataciones investigadas, circunstancias en que detalló los pasos que se debían seguir para el otorgamiento de los servicios, y en cómo los acusados sortearon todos los controles internos.
En este tramo, destacó la función clave que tuvo Palacios como uno de los técnicos del Área Requirente, encargada de recomendar al proveedor que fuera más conveniente para el servicio, en este caso programados para los festejos por los 50 años del PAMI, con proyecciones y servicio de sonido en distintos centros de jubilados de la ciudad.
Explicó que Coronel también ejercía un rol técnico en la misma área, pero no tenía la suficiente capacidad, aunque sí contaba con la confianza de la directora del organismo, Verónica Molina, quien lo designó en el cargo.
