Camacho expresó en Hora de Voces (FM Ya 91.3) que en un estado de derecho como el de Argentina, la transición de un gobierno a otro tiene que ver con una continuidad institucional. “Si yo tengo una obra en ejecución con un convenio firmado con el gobierno, que fue correctamente llamado a licitación, y el gobierno comprometió los fondos, independientemente de quién sea el presidente el 10 de diciembre, la continuidad institucional es algo que está por encima de todas las cosas”, dijo.
En ese sentido, sostuvo que, si bien Javier Milei propuso llevar la obra pública a cero e implementar un sistema como el de Chile, también se embanderó con un “fuera de la ley nada”, por lo que no podría interrumpir los contratos vigentes.
“También lo escuché en otro sentido al presidente electo decir que él va a cumplir acabadamente con cada uno de los tenedores de LELIQ, estos bonos que se van publicando y que la gente va comprando en términos de inversión para no desvalorizar su moneda. Entonces, es una contradicción interrumpir una cuestión que además significa una demanda sustancial e importante al Estado que en general cuando algún gobernador o algún presidente comete una de estos avasallamientos de derecho”, dijo.
Asimismo, remarcó que en Salta las licitaciones para las obras con fondos nacionales se realizaron “con absoluta claridad y transparencia”, y que, en todo caso “podría hacerse una Auditoría” para demostrarlo.
Camacho también explicó que la provincia hoy cuenta con tres fuentes de financiamiento en las ejecuciones de obras: organismos de créditos (como el Banco Interamericano de Desarrollo) con la que hoy se realiza, por ejemplo, la planta de tratamiento de líquidos cloacales en la zona sur, las obras en barrios populares o la ampliación del Hospital San Bernardo; las obras del presupuesto nacional o conseguidas por gestión financiadas con fondos nacionales provenientes de aquellos impuestos no coparticipables como la ruta 9/34; y el financiamiento propio de la Provincia.
Con el último punto, el ministro expresó que cuando inició la gestión del gobernador Gustavo Sáenz, se destinaba el 3.5% del presupuesto provincial a la obra pública, y actualmente se destina más del 13%.
En cuanto al régimen de coparticipación, expresó que el mismo está dispuesto en la Constitución Nacional por lo cual no puede eliminarse, pero si pueden modificarse que impuestos serán coparticipables y cuales no a través del Congreso de la Nación, y es allí donde radica la posibilidad de que las provincias perciben menos fondos.
“Los gobernadores del Norte Grande están pidiendo que todos los impuestos sean coparticipables. El sistema ya es injusto, porque hace 200 años que se viene llevando riquezas este país centralista y portuario, independientemente quién lo gobierne, no es una cuestión de ideologías. Este país portuario viene devastando el Norte Grande en pos del enriquecimiento del centro del país, antes de trazar la raya y decir, vamos a vivir la coparticipación, debiera haber una compensación de todo lo que aportó este norte profundo al crecimiento del país”, remarcó.
En ese punto ejemplificó con que el norte salteño proveyó por décadas de gas al resto del país, lo que afectó al suministro de agua en la actualidad.
Camacho consideró que las manifestaciones de Milei son “imposibles” de llevar adelante en un país como Argentina, y explicó que el modelo chileno permite que un inversor o constructor financiado por un Banco decide hacer una obra con la que posteriormente se espera ganar dinero, por ejemplo, una ruta donde tras finalizarla se colocan peajes o terminales donde se los coloca una tasa a los colectivos que ingresan.
“Ahora, cuando hablamos de viviendas, cuando hablamos de infraestructura básica, cuando hablamos de red de agua, cuando hablamos de cloacas, cuando hablamos de plantas de tratamiento de líquidos cloacales, cuando hablamos de cordón cuneta y pavimento, o electrificación para el umbral público tan necesario para la seguridad en los barrios periféricos. ¿Quién va a poner un peso ahí? ¿Quién? ¿Y a quién le van a cobrar? O sea, están tratando de llevarnos a lo que sería la vieja ley de contribución por mejora, donde cada vecino terminaba pagando los metros de agua, de caño de agua que pasaban por el frente, los metros de cordón cuneta que tenían por el frente, los metros de pavimento y los metros de luz”, resaltó.
En ese mismo sentido, remarcó que un empresario preferirá invertir en la Panamericana que tiene un pase de 250 mil vehículos por día, que en la ruta 40 que es utilizada por 400 vehículos por día.
“Este modelo profundiza más las asimetrías que hay entre el centro del país y el norte profundo. No digo que no puede existir, si digo que debe ser complementario, y esto si es una cuestión de ideología al menos personal. Yo difiero con los libertarios en que el Estado no debe tener ninguna participación. Tampoco creo que el Estado debe ser intervencionista, sí creo que el Estado tiene que tener niveles de participación, niveles de intervención que tiendan a equilibrar las asimetrías y las desventajas que ya hay, que ya existen entre la gente”, aseveró.
Por último, Camacho expresó que por el momento solo hay “manifestaciones de un presidente electo” y que el 11 de diciembre se sabrán “cuáles son las decisiones reales”; donde espera que los legisladores salteños, independientemente del partido político al que pertenecen, prioricen los destinos de la Provincia y no solo a una corriente ideológica nacional.
