Se establece que la Autoridad de Aplicación será el Ministerio de Producción y Desarrollo Sustentable, o quien en un futuro lo reemplace.
En su articulado se indica que quedan comprendidas todas las personas que hayan sido relevadas, detectadas, rescatadas o asistidas como víctimas o posibles víctimas de situaciones de trata o de explotación de personas, ya sea por un Organismo Público Nacional, Provincial o Municipal, o bien por una Organización no gubernamental debidamente habilitada o reconocida por autoridad competente.
La iniciativa legislativa pertenece a los senadores Dani Nolasco (La Poma), Carlos Rosso (Güemes), Mashur Lapad (Rivadavia), Jorge Soto (La Viña), Javier Monico Graciano (Rosario de la Frontera) y Carlos Ampuero (Santa Victoria).
El senador Nolasco señaló que “es una herramienta social para dar trabajo a personas que han sido victimas de explotación sexual, laboral, en donde sus derechos han sido vulnerados por mucho tiempo Esa víctima podrá reinsertarse con todos su derechos: no solo recuprará su libertad, sino también podrá llevar el pan a la mesa para sus seres queridos”.
Indicó que tanto la parte pública como privada bajo coordinación del Ministerio de la Producción y Desarrollo Sustentable podrá darle esa posibilidad para que esa víctima pueda reinsertarse socialmente.
Pliego de una fiscal
Mediante la realización de una sesión especial en la víspera, la Cámara de Senadores aprobó el pliego remitido por el Poder Ejecutivo Provincial para la designación de una fiscal penal.
El cuerpo acompañó el dictamen de la Comisión de Justicia, Acuerdos y Designaciones -presiddida por el senador Jorge Soto (La Viña) que dio acuerdo al Pliego de la Dra. Analía Florencia Adet Figueroa, como reemplazante del cargo de Fiscal Penal del Distrito Judicial del Centro.
