"Vemos voluntad del Estado para resolver la problemática y celebramos que sea así. Esto lleva paz a las familias campesinas y productoras, porque nadie puede trabajar la tierra si no hay un acuerdo", manifestó Daniel Burgos, referente de la Asociación Guardianes del Monte, entidad de base del Frente Nacional Campesino.
"La última reunión fue alentadora y auspiciosa", indicó el referente criollo, a la vez señaló que en la próxima reunión fijada para el 8 de julio acordarán un plan de trabajo en base a la Ley 7.658 de Regularización Dominial y Asistencia para Pequeños Productores Agropecuarios y Familias Rurales.
El viernes último, funcionarias y funcionarios provinciales de distintos ministerios y secretarías mantuvieron reuniones en Morillo e Hickman, con productores de la zona de la Ruta 81.
En la oportunidad, las autoridades actualizaron la información de las medidas que viene adoptando el Gobierno de la Provincia, para avanzar en los objetivos propuestos.
"Hasta ahora se armó la Unidad Ejecutora Provincial para la aplicación de la ley. Trabajamos en los listados de puestos y parajes. Señaló Burgos.
Contó que los campesinos y familias productoras que tienen sentencia de desalojo están recibiendo asesoramiento judicial con abogados del Gobierno provincial que llegaron a la zona. "Se consultó la posibilidad de tener un acercamiento con los titulares registrales y los poseedores de las tierras a través de una mediación provincial, donde ambas partes cedan para llegar a un acuerdo", sostuvo.
Burgos remarcó que de esta manera el Estado también se beneficia porque el campesino al tener la titularidad de la tierra puede comenzar a tributar.
Por otro lado, los criollos avanzan con asambleas campesinas donde informan acerca de la ley y la posibilidad de que todas las familias estén en regla.
Finalizadas las reuniones, la secretaria de Desarrollo Agropecuario, Milagros Patrón Costas, expresó que ambas fueron fructíferas: "Dialogamos sobre el cronograma de acciones a desarrollar y dimos continuidad a los asesoramientos jurídicos en sintonía con las diferentes inquietudes que poseen las familias campesinas".
Cabe destacar que el año pasado el artículo 9 de la Ley 7658 fue prorrogado y se asignó un presupuesto de 23 millones de pesos cuya autoridad de aplicación es el Ministerio de Producción y Desarrollo Sustentable mediante un trabajo coordinado con otros ministerios.
Participaron miembros del Ministerio de Producción y Desarrollo Sustentable, de la Secretaría de Justicia, de Tierras y Bienes y de Asuntos Indígenas y Desarrollo Comunitario, del INTA, la SAFCI y productores.
