Si bien anoche, la situación se encontraba en manos de Defensa Civil de la provincia, surgen permanentes cuestionamientos sobre una cuestión que se repite sistemáticamente cada año, sin que el consorcio a cargo del manejo de estos ofrezca solución ni control.
En continuidad con una cobertura que data de 2019, Nuevo Diario recibió información de habitantes de la zona, manifestando su preocupación por las “llamas realmente importantes”, que hacia la tarde de ayer todavía no lograban ser mitigadas.
Además de la preocupación por posibles pérdidas materiales, el reclamo persistente se debe a “la gran cantidad de gases tóxicos que puede generarse por la combustión de la basura, la contaminación que esto puede generar, además de la expansión del fuego por los vientos que dificultan su control y pueden abarcar más superficies”, advertían vecinos con angustia.
Un consorcio bajo la lupa
Reiteradas denuncias y pedidos de informe registra el Consorcio del Valle Calchaquí, no sólo por los reiterados focos de incendios, sino también porque allí funciona un basural a cielo abierto, es decir que pese a la existencia de un consorcio que data del año 2013, y cuya función residía en el tratamiento de los pasivos, hasta el momento no se han brindado las soluciones esperadas, ni mucho menos el tratamiento correspondiente.
Se trata de una problemática que compromete a tres municipios: San Carlos, Animaná y Cafayate, y que además registra numerosos pedidos de informe, entre ellos al intendente cafayateño Fernando Almeda, que otrora fuera el presidente del Consorcio, dudas que nunca fueron evacuadas en su totalidad.
Cabe recordar que la provincia se encuentra adherida al programa de Estrategia Nacional para la Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos (ENGIRSU).
Este programa implicaba la adhesión de las provincias a la Ley Nacional 25916 de gestión integral de residuos domiciliarios en varias etapas, que incluían entre otros puntos y en el largo plazo la eliminacion de basureros a cielo abierto, y puntualmente para este vertedero, y según consta de la investigación de Nuevo Diario de abril de 2019, el consorcio habría recibido fondos nacionales de este programa (dinero que viene de una deuda contraída con el Banco Interamericano de Desarrollo), y a la fecha continuaría incumpliendo con esta ley nacional, y también con la Ley provincial 7070.
