Por el tema, los concejales cafayateños declararon emergencia ambiental. Además preocupan los números de un consorcio que no funciona ni en los papeles.
Así lo confirmó el presidente del Concejo Deliberante de Cafayate, Rodrigo Chocobar, en diálogo con el periodista Silvio Aguirre. El edil expresó su preocupación frente al colapso del vertedero: "la comunidad en general y el Concejo Deliberante, somos conscientes de que hoy se trata de un gran basural a cielo abierto, con incendios que se mantienen en mayor o menor medida desde hace un año, por lo que los concejales cafayateños resolvimos declarar la emergencia ambiental y de salud, para que se tome noción de la problemática que ocurre en ese lugar".
Chocobar describió la situación como "crítica" y advirtió: "no creo que vaya a mejorar en estos meses de gestión que quedan del intendente Almeda (atento que Cafayate es el municipio que más pasivos produce), y es que si en 12 años no pudo mejorar, en 5 meses no esperemos tener esos resultados".
En ese sentido, el edil remarcó la necesidad de que, tantos los intendentes reelectos, como los que asumirán por primera vez en diciembre, incorporen en sus planes de gobierno, las estrategias para dar respuestas a este planteo de larga data: "es necesario dar soluciones al tratamiento de los residuos, y sobre todo ver y rever la situación del consorcio".
Escandalosa situación financiera del consorcio
Chocobar también se refirió a la preocupante situación en relación a los números que no cierran para el manejo de este ente: "se sabe que el presente es inviable, porque los aportes que están realizando actualmente los municipios, no son los que deberían ser, y las autoridades municipales lo traducen en la falta de recursos económicos". "Soy crítico de esta situación, porque desde la creación del consorcio no hubo una visión de alcanzar la autosustentabilidad".
Chocobar también aprovechó la oportunidad para desmentir la llegada de fondos para el consorcio, que había anunciado oportunamente a Nuevo Diario, el jefe comunal de Animaná (Rolando Guaymás): "no hemos visto nada, son sólo anuncios, y no tenemos ningún tipo de conocimientos sobre ese tipo de fondos", enfatizó.
A la espera de una soga de Ambiente de la provincia
Chocobar informó que en el marco de la última reunión que mantuvo con autoridades de ambiente de la provincia en Cafayate, se comprometieron en el giro de un subsidio de 10 millones de pesos como paliativo frente a la situación "desconocemos si llegaron esos fondos, y desde el Consorcio negaron el manejo de sumas de dinero", manifestó el presidente del Concejo cafayateño.
Además de la preocupación por posibles pérdidas materiales, hay alerta por los gases tóxicos que pueden generarse por la combustión de la basura y la contaminación que se puede generar, y que se repite año a año.
Cabe recordar, que Nuevo Diario hizo visible ya en 2.019, el peligro de esta situación, atento a que allí funciona un basural a cielo abierto, que actualmente ha triplicado su tamaño, todo ello pese a la existencia de un consorcio que data del año 2.013, y cuya función residía en el tratamiento de los pasivos, que hasta el momento no se ha cumplido.
Se trata de una problemática que compromete a tres municipios: San Carlos, Animaná y Cafayate, y que además registra numerosos pedidos de informe, entre ellos al intendente cafayateño Fernando Almeda, que nuevamente es el titular del Consorcio, y que hasta el momento no pudo evacuar ningún tipo de dudas sobre los sucesivos focos de 2.019, 2.021 y 2.022
Asimismo, es necesario recordar que en esas oportunidades, fue la justicia además, quien oportunamente solicitó a cada uno de los municipios, en particular sobre las medidas o el accionar que cada comuna realiza o realizó en torno al control y funcionamiento de la planta en Animaná, todo ello luego de cotejar los graves daños por los persistentes incendios.
También ocurrió en 2.022
En abril de 2.022 el Intendente Almeda, acompañado de sus pares de Animaná y San Carlos, dieron a conocer la situación compleja del Consorcio de residuos del Valle Calchaqui
En ese momento, Almeda aseguró que a causa de los incendios intencionales de ese año," llevó a gastar $ 600 mil en horas camión y maquinas". También informó que sólo durante 2.022 se destinó 11 millones de pesos para mejorar el lugar, buscan mejorar la seguridad del lugar con la instalación de cámaras de seguridad y la construcción de un perímetro, algo que nunca sucedió, o al menos hasta el momento.
Asimismo, y en ese marco, resolvieron que cada municipio miembro implemente una eco tasa que permita generar más recursos para poder trabajar mejor en el manejo de los residuos, mejorar el parque automotor y aumentar el volumen de material reciclable a cargo de la Cooperativa de Reciclaje, situación que tampoco ocurrió.
Un programa que no funciona
Cabe recordar que la provincia se encuentra adherida al programa de Estrategia Nacional para la Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos (ENGIRSU).
Este programa implicaba la adhesión de las provincias a la Ley Nacional 25.916 de gestión integral de residuos domiciliarios en varias etapas, que incluían entre otros puntos y en el largo plazo la eliminación de basureros a cielo abierto, y puntualmente para este vertedero, y según consta de la investigación de Nuevo Diario de abril de 2.019, el consorcio habría recibido fondos nacionales de este programa (dinero que viene de una deuda contraída con el Banco Interamericano de Desarrollo), y a la fecha continuaría incumpliendo con esta ley nacional, y también con la Ley provincial 7.070.
Pesan también sobre este consorcio, los numerosos pedidos de informes, de los que sólo se obtuvo silencio.
