Ello en el marco de dos causas que se iniciaron por violencia laboral a dos empleadas del área a su cargo, quienes lo denunciaron aduciendo haber sido amenazadas con extinguir el vínculo laboral por ser supuestamente designadas en la gestión anterior.
En ese sentido, el hombre deberá abstenerse de ejercer actos de violencia física o psicológica, insultar o llamar por teléfono a las denunciantes. Tampoco podrá mandarles mensajes de texto ni publicar en las redes sociales, proferir palabras agraviantes, herir o amenazarlas. No podrá consumir bebidas alcohólicas ni drogas o usar armas.
No podrá acercarse al domicilio particular de las dos mujeres, debiendo mantener una distancia de doscientos metros de ellas, de los lugares donde concurran excepto al lugar de trabajo, donde la distancia que deberán mantener las partes serán las que permita el desarrollo de sus tareas.
El hombre deberá realizar una capacitación en realidades y perspectiva de género o Ley Micaela, y procurará que las disposiciones laborales a realizar por las dos denunciantes sean transmitidas por interpósita persona.
Desobediencia
La Oficina de Gestión Judicial (OfiJu) de Metán fijó una audiencia flexible y multipropósito en el marco del plan piloto de oralidad, durante la cual el juez de Garantías de ese distrito Mario Teseyra ordenó mantener la prisión preventiva bajo la modalidad de arresto domiciliario de un hombre de 46 años acusado de amenazas y desobediencia judicial.
El hombre había sido denunciado el 6 de octubre pasado por su expareja, con quien tuvo cinco hijos en común. La mujer contó que ese día el acusado ingresó en su domicilio y comenzó a insultarla y a amenazarla. También amenazó a su hija de 24 años, la empujó y provocó que caiga al suelo y se golpee.
En ese momento intervino otro de sus hijos, un joven de 21 años, que logró a empujones que salga de la vivienda, con lo que aprovecharon para llamar al Sistema de Emergencias 911, pero él ya se había ido.
