Al menos 88 personas se sumaron al amparo colectivo iniciado por los abogados Luciana Torres Genes y Diego Marcelo Quintana, reclamando que desde el estado se otorgue la cobertura total a los tratamientos para la discapacidad.
El amparo se enmarca en torno a la problemática que viven los padres con hijos con discapacidades en el departamento. Advierten que el Centro de Rehabilitación actualmente solo cubre entre el 60% y el 70% de las prácticas, teniendo que viajar más de 300 kilómetros en busca de cobertura o recurrir a prácticas pagas en la zona.
En esta primera audiencia, la mayoría de los amparistas participaron acompañados de sus apoderados. Por la demandada participaron los letrados Mariela Figueroa y Federico Martin Bravo y la Jefa del Programa de Discapacidad de la Obra Social IPSS Graciela Zalazar.
Estuvieron además la Fiscal Civil, Comercial y del Trabajo, Marcela de los Ángeles Fernández y por parte del Ministerio Público Pupilar la Asesora de Menores e Incapaces 1 Gladys Reynoso.
En la audiencia expusieron algunos amparistas sobre el estado actual de los tratamientos y diversas prácticas que realizan en pos de una mejora de las condiciones de sus hijos que padecen algunas discapacidades.
Se pudo conciliar dichas urgencias con lo manifestado por los apoderados del IPS, quienes pusieron en conocimiento que se encontraban en tratativas con las autoridades del Centro de Rehabilitación CAERUS, para ser incorporados a los prestadores de dicha obra social.
La jueza dispuso que se suspendan los términos que se encontraren en curso, hasta el martes 28 de noviembre del 2023 fecha límite otorgada para acompañar el acuerdo que como lo manifestaron las partes, se encontraba en ulteriores etapas de negociación entre la Obra Social y el centro CAERUS.
