"Los documentos recibidos serán analizados por el equipo archivístico con el objeto de identificar y clasificar aquellos que correspondan o refieran a situaciones de delitos de lesa humanidad".
"La acción de catalogar y describir los documentos permite que los mismos se transformen en fuentes documentales y formen parte del patrimonio, lo que refiere una importante incorporación de elementos que por la función social del Archivo es clave para la construcción de memoria y un soporte para acciones reparatorias”, indicó la directora, Alba Fernández.
“Entendemos el valor de los documentos a resguardo del Archivo de la Memoria como parte de las políticas públicas, por eso avanzamos en una gestión en base a la democratización del acceso a los archivos, con criterios objetivos de valoración archivística y conservación documental, jerarquizando el trabajo que se realiza para la salvaguarda de la documentación”, expresó la secretaria de Derechos Humanos, Mariana Reyes.
Agregó que “las acciones para incrementar el patrimonio documental histórico se realiza de manera articulada con la participación de Entes Públicos de la Provincia, con la idea de poder aportar a las investigaciones sobre historia nacional y provincial”.
A través del trabajo en gestión y de compartir agendas para el acceso a la información, el Archivo Central a cargo de Pablo Genovese, remitió al Archivo de la Memoria el Fondo Documental Penal, que se integra por instrumentos correspondientes a los años 1975 a 1983, además se alcanzan los procesos técnicos con el trabajo del equipo de la Coordinación de Bibliotecas y Archivos, "Dr. Victorino de la Plaza", en la dirección de Paula Bertini.
Fernández señaló que “es fundamental trabajar de manera coordinada e integradora entre las instituciones para la preservación de fondos documentales que permitan la reconstrucción de la memoria, el esclarecimiento de las violaciones a los derechos humanos, en este caso específico de los procesos de judicialización durante el terrorismo de Estado”.
