Parte de la historia de Pascual Torres de la Finca El Gateao, a 22 kilómetros de Hickman (en la jurisdicción de Embarcación, departamento San Martín).
Torres se acercó ayer junto a otras familias campesinas a la Legislatura a esperar que los integrantes de la Comisión Bicameral a cargo del control de la reglamentación de la Ley 7658 les reciban el pedido de extender la vigencia del artículo 9 de esa normativa que suspende los desalojos. Pero las reuniones pasaron para después de las elecciones.
Desde hace unos años en la zona se relataba la determinación de Miguel Ángel Torres de quitarse la vida tras ser amenazado de perder sus tierras, su ganado y su casa con el paso de las topadoras.
El tío de Pascual había vivido junto a su hermano y su familia de la tierra desde siempre. "Mi abuelo está asentado en 1901 como que nació acá", dijo el pequeño productor al indicar que los problemas empezaron hace 15 años, momento en que las tierras habían sido compradas por Desafío del Chaco SA.
En aquellos años se inició la demanda por desalojo. Por contrapartida la familia reclamó en la Justicia la prescripción veinteñal. Fue en ese peregrinar judicial que, dijo, tres abogados los abandonaron. Casualmente dos de ellos ingresaron luego al Poder Judicial de Tartagal.
La ya jubilada jueza Ana María de Feudis, a cargo de la resolución de las causas, "siempre terminó dándole la razón a los que compraron la tierra", al punto de que en un momento Aníbal Caro, quien representaba a la empresa, "nos visitó y nos quería cobrar un millón de pesos para el abogado Belmont" que representó legalmente a los empresarios. "Y decían que si no pagábamos nos iban a embargar".
"A mi tío lo querían hacer firmar un comodato y él se negó y empezaron a presionar diciéndole que le iban a matar los animales. Un día el agarró un cuchillo y se cortó el cuello. Lo llevaron al Hospital de Embarcación y después al San Bernardo, pero murió". Miguel Ángel tenía en 2006, cuando ocurrieron los hechos, 80 años.
La firma o la salud
Tras la muerte de Miguel Ángel Torres las amenazas de desalojo no cesaron y fue entonces que el padre de Pascual "entró en depresión, tuvo cinco ACV (accidentes cerebro vasculares), y por su salud y la amenaza de embargo firmamos el convenio".
Según indicó Torres, el convenio fue por 200 hectáreas de una finca que ellos habían trabajado por más de un siglo y que involucraba 11 mil hectáreas.
Pero al menos precisaban cuatro hectáreas por vaca y el espacio no alcanzaba. La falta de espacio y de monte generó que el ganado se pierda por falta de alimento. Ahora la familia reclama al menos 800 hectáreas para producir de mejor manera antes de desaparecer de una zona en donde se concentran pocos grandes empresarios.
Mientras las historias se suceden con similares sucesos según los relatos de los pequeños productores, desde la Legislatura aún se espera ver los resultados de un relevamiento que, a tres meses de la reglamentación, aún no tiene avances significativos según las denuncias de las organizaciones campesinas.
En el medio, el peligro del desalojo, último paso para empezar a despojar a los campesinos de sus tierras, es el que arremete desde el 31 de diciembre próximo.
