La ley 6294 reduce la recaudación de los municipios que originan la producción del 50% al 11.25%. El proyecto de ley cuenta con media sanción de Diputados.
La comitiva que viaja desde el Departamento Los Andes hacia la ciudad se reunirá hoy a las 6 en la rotonda de Limache para desde allí caminar a la Legislatura, dónde entregarán un petitorio y dialogarán con la prensa. Exigen ser consultados en los cambios que se hagan y que las comunidades sean participadas de las regalías.
El martes, las comunidades se manifestaron por las calles de San Antonio de los Cobres en repudio a los cambios de la ley.
Alfredo Casimiro, delegado del Consejo de Pueblos Indígenas (CPI), sostuvo que "el tema de las regalías mineras es la gota que rebalsó el vaso. Vemos que el Gobierno no tiene la voluntad de hacer las consultas a las comunidades ancestrales. Ellos hablan de desarrollo y vemos que en Los Andes tenemos la tasa más alta a nivel nacional y provincial de suicidio de jóvenes, ya que no tienen contención, están desocupados y no hay oportunidades".
Agregó que la región no cuenta con un hospital de alta complejidad, por lo que las personas con urgencias deben ser trasladadas a la ciudad. "La gente está molesta porque se habla de desarrollo y no hay nada. La consulta con participación es lo que reclamamos, hay leyes que se aprueban en contra de los hermanos de la Puna", afirmó.
Las comunidades entienden que con la significativa merma de las regalías la situación en el Los Andes empeorará. Además que el Gobierno y los legisladores incumplen con el convenio 169, la Constitución nacional y provincial. "Hacen las leyes para desfavorecer a la gente de la Puna", sostuvo.
Casimiro indicó que la diputada provincial Azucena Salva, votó a favor de la modificación de la ley y esperan saber qué postura tomará el senador Martín Arjona.
Por último, el referente del Pueblo de Atacama, manifestó que no están en contra de la minería, sino de que no los tengan en cuenta en las decisiones que se tomen sobre el territorio.
Sobre el proyecto de ley
En el texto de 1984 se establecía que "el Banco Provincial de Salta arbitrará los medios para que los montos recaudados sean distribuidos en los siguientes porcentajes: 50% al Fondo Especial de Promoción Minera y 50% a la Municipalidad donde se origine la producción".
El nuevo articulado aprobado por los diputados establece que de lo recaudado, el 70% irá a las arcas provinciales, un 10% para el Fondo Especial de Promoción y el restante 20 % a los municipios. De ese 20 %, el 11,25% será para municipios de producción minera, el 6,25% para municipios no productores que se encuentran dentro del departamento productor y el 2,5% para los municipios ubicados en departamentos no productores.
En tanto el Fondo Especial de Promoción Minera destinará la mitad para promoción y capacitación, 2,5% para tareas de fiscalización, control y estímulo 2,5% a políticas de prevención y mitigación ambiental y social. De igual modo se establece que el Poder Ejecutivo podrá ampliar el Fondo destinado a capacitación hasta un 10% de las regalías ingresadas, por vía de la Ley de Presupuesto.
En el tratamiento del proyecto, los diputados Julio Moreno y Carlos Zapata consideraron que el proyecto requiere mayor debate en comisiones, considerando entre otros puntos, que se debía ampliar la discusión a las empresas del sector, y plantearon un régimen de regalías diferente.
Por su parte, el diputado Claudio Del Plá cuestionó el nuevo régimen de regalías, subrayando que esta nueva distribución permite que el gobierno central se lleve la mayor parte de lo recaudado, al tiempo que criticó los acuerdos vigentes con las empresas mineras.
