La iniciativa prevé que soluciones habitacionales que disponga el Instituto Provincial de la Vivienda (IPV) puedan ser adjudicadas a organizaciones públicas o privadas, cuyo fin sea el instalar hogares de tránsito para víctimas de violencia de género.
El articulado plantea una modificación al artículo 11 de la Ley 5.167, que reglamenta el funcionamiento del IPV. El apartado mencionado es el que dota de funciones y atribuciones al presidente del organismo.
En ese marco, el proyecto al que accedió Nuevo Diario, busca que esta posibilidad de disponer de viviendas sociales para esta finalidad quede en manos del presidente.
Argumentos
Acosta en los argumentos del proyecto expuso que el principal motivo de la iniciativa es la ausencia de dispositivos habitacionales con este fin en los municipios del interior.
Situación opuesta se vive en lo que es la construcción de viviendas, dado que en el primer gobierno de Gustavo Sáenz una gran cantidad de soluciones habitacionales fueron giradas para edificarse en el interior provincial.
Es por ello que ante la presencia del IPV en distintos municipios, se supliría la necesidad de edificar construcciones con el fin de ser un hogar transitorio.
"Esta situación de protección de las víctimas por razones de seguridad, se encuentra comprometida en virtud de la falta de viviendas que puedan cumplir la finalidad de hogares de protección temporal, ante la falta de presupuesto para tal fin, fundamentalmente en las localidades del interior provincial donde existen pocos dispositivos que cumplan tal finalidad y no contando los municipios con los fondos necesarios para llevarlo adelante", señala como fundamento el proyecto.
La forma legal en que las organizaciones tomarían posesión de las viviendas sería por medio de comodato o tenencia precaria.
