El conflicto surgió luego que se impugnaran las elecciones que dieron como ganadora a Noemí López y Lucas Tognolini, quienes estuvieron al frente del gremio desde 2019 hasta febrero del 2022. Desde ese año hubo dos conducciones que se endilgan la representación de los afiliados.
Esta situación llevó a ambos sectores a firmar un acta acuerdo ante la Dirección Nacional de Asociaciones Sindicales de la Nación. Allí Ocaranza se comprometió a convocar a nuevas elecciones en septiembre y logró una certificación que reconocía su mandato hasta el 29 de noviembre.
Sin embargo, Ocaranza presentó un amparo ante el Juzgado Federal de Salta N°1, a cargo el juez Julio Leonardo Bavio, quien dictó una medida cautelar de no innovar ante el conflicto de autoridades.
Arturo Domínguez -secretario adjunto del gremio-, dijo a Nuevo Diario que por el fallo de Bavio tienen convalidado el mandato por tres años y que no reconocen el acta acuerdo que se firmó en el Ministerio de Trabajo de la Nación.
En tanto Lucas Tognolini, adjunto de López, informó que el Ministerio apeló la decisión del juez y le pidió que se aparte del asunto dado que hay una causa abierta por su sector ante la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo.
Tognolini argumentó que la medida de Bavio no tiene validez y que iniciaron el proceso eleccionario tras una asamblea en el gremio, con las autorización del Ministerio de Trabajo que envió veedores para el proceso electoral.
Agregó que ante el Ministerio, Ocaranza solicitó la prórroga del mandato y le fue denegado.
Por su parte, Domínguez aseguró que iniciaron presentaciones legales y se enviaron oficios al Ministerio de Trabajo de la Nación y al Ministerio de Salud de la Provincia donde afirman que el acto que convocan López-Tognolini no tiene validez, y piden que no se disponga la estructura provincial para los comicios.
