El proyecto de ley es de autoría del senador del Departamento de Chicoana, Esteban D´Andrea, quien trabaja desde hace tiempo desde la cámara en legislaciones con respecto a la fe de vida de jubilados.
Se prevé que la iniciativa tenga tratamiento en el recinto en la sesión ordinaria convocada para el jueves. Habría acuerdo entre los legisladores de la cámara en que esta se apruebe y pase a diputados con media sanción.
Esta nueva ley dota a funcionarios municipales y provinciales la posibilidad de emitir certificados de supervivencia para jubilados, descentralizando la función en el territorio provincial y surge con el objetivo de facilitar el acceso a esta documentación para el sector.
Según explicó su autor a Nuevo Diario el proyecto busca generar que se eliminen asimetrías con la población de la tercera edad que son más visibles en el interior provincial.
Estas desigualdades se grafican con el trámite de Fe de Vida que se le exige a jubilados para seguir cobrando el pago de sus jubilaciones. Este trámite solo es emitido por los bancos donde se cobra la jubilación, por la ANSES o ejerciendo el pago de servicios u compras con las tarjetas de débito que pertenecen al titular de la jubilación.
Trámite desigual
El senador D´Andrea señaló que este trámite era desigual para los abuelos del interior que no viven en los grandes centros urbanos, que deben trasladarse muchos kilómetros y pagar grandes montos en termino de transporte para cumplir con el trámite, y así evitar que se le suspenda la jubilación. Uno de los principales beneficios que tiene el proyecto, es que agentes sanitarios al ser funcionarios provinciales, también podrán emitir el certificado al igual que comisarías y municipalidades a través de delegaciones inclusive.
Esto prevé que trabajadores del sector público cuyo fin es recorrer constantemente la provincia cuenten con esta atribución y facilitar que jubilados continúen percibiendo sus haberes. D´Andrea consideró que esta es una "medida paliativa", entendiendo que en el Congreso de la Nación hay un proyecto que prevé eliminar el trámite de Fe de Vida para jubilaciones y espera una sanción definitiva.
La situación de Iruya e Isla de Cañas
Se realizaron tres pedidos de informe cuyo autor es el senador del Departamento de Iruya, Walter Cruz, que buscan ahondar sobre la gestión de Jorge Canchi como intendente de la Municipalidad de Isla de Cañas y de Eugenio Herrera como intendente de Iruya.
El Departamento de Iruya vive momentos de tensión con la gestión política en sus comunas desde hace tiempo.
El ex intendente de Iruya, Alfredo Soto, tiene previsto un juicio por fraude a la administración pública para iniciarse en el 2.024. A la par, la crisis política que se vive en el municipio de Isla de Cañas, también tuvo repercusión en el senado salteño.
La ex intendenta Angelina Canchi afronta un juicio por 7 cargos de delitos contra la administración pública, cometidos durante su gestión al frente de la Municipalidad de Isla de Cañas.
Su sucesor, Jorge Canchi, fue destituido por el Concejo Deliberante por negarse a presentar la ejecución presupuestaria durante su mandato al frente de la comuna.
Este clima de inestabilidad política sumó un nuevo capítulo en la última sesión de la Cámara de Senadores, cuando el senador Walter Cruz intervino para interponer sobre tablas tres pedidos de informe de su autoría que fueron acompañados por la totalidad del cuerpo.
Los pedidos están dirigidos al Ministerio de Economía y Servicios Públicos, al Ministerio de Desarrollo Social y Asuntos Indígenas y a la Secretaría de Asuntos Municipales de la Provincia. A la par, también se incorporó en los requerimientos de información los mismos pedidos para la Municipalidad de Iruya.
En concreto, a la cartera de Economía se le pide que informe las partidas, convenios o ayuda que hayan recibido ambas municipalidades desde el 2.019 en adelante.
Además se pide especificar avances financieros, de ejecución y rendiciones de fondos.
Los pedidos de informes
A la cartera de Asuntos Municipales se le solicita en los mismos términos que informe los convenios de obra con ambas comunas.
Mismo pedido se realizó a la cartera de Desarrollo Social, haciendo hincapié en las ayudas que se realizaron desde esta entidad a los municipios. Cabe destacar que el ex intendente de Iruya, Alfredo Soto, tiene previsto un juicio por falta de rendiciones en ayudas sociales de la Provincia.
En diálogo con Nuevo Diario, Cruz se refirió a este tema y tuvo un fuerte mensaje en cuanto al desmanejo de recursos por parte de las intendencias locales de su departamento.
"Se vive en un clima de inestabilidad en Isla de Cañas, por ahora aguardamos los tiempos judiciales, y cuando se determine, creo que las municipalidades deben ser más ordenadas. No estamos manejando un club de barrio, una asociación protectora de algo, estamos administrando recursos de la gente y decidimos si nuestra gente va a estar mejor o peor. Si haríamos todo lo que corresponde, nos evitaríamos todas estas situaciones de desorden en muchos municipios y que atentan contra la tranquilidad y la paz social", sostuvo.
