El pedido coincide con los reclamos elevados por las instituciones que atienden a personas con discapacidad en la provincia y el de la Asociación de Centros Privados de Diálisis (CEPRIDIASA en Salta), que informaron deudas millonarias por parte del programa que en total, se calcula que son 250 millones de pesos en lo que va de 2018.
Sucede que en el caso de las instituciones con discapacidad están en riesgo de cerrar por no poder afrontar los costos, y desde CEPRIDIASA se decidió suspender la incorporación de más pacientes de Incluir Salud que precisen tratamientos de diálisis. Esa no incorporación iniciará en octubre próximo.
50 mil pacientes
Las personas con discapacidad con sus especialistas en tratamiento, transportistas y referentes de las instituciones, se manifestaron el martes a la Legislatura provincial a fin de solicitar acciones en pos de regularizar una situación que, de continuar, podría implicar el cierre de las instituciones.
La titular de Anidar, María Elena Arce, fue la encargada de exponer sobre la realidad que viven. Ante ello, desde la Cámara de Diputados de la provincia se aprobó un proyecto de Declaración para solicitar a los legisladores nacionales por Salta las gestiones necesarias para que los meses adeudados, que afirman son 8, sean pagados a las instituciones que se encargan de tratar la Discapacidad.
Son más de 20 las instituciones, muchas de las cuales alcanzan los 25 años al servicio de sus pacientes, que atienden alrededor de 50 mil personas con algún tipo de discapacidad en la provincia.
En el programa federal Incluir Salud están inscriptas personas carenciadas que son titulares de pensiones asistenciales, madres con siete hijos, personas con discapacidad con invalidez laboral, mayores de 70 años en situación de pobreza, entre otros casos.
Además, se incluyó a pacientes que deben realizarse diálisis ya que es una práctica médica que se realiza a gente con graves problemas renales que la necesitan para subsistir.
Pidieron “no politizar”
En su debate, los diputados indicaron que suspender los tratamientos para personas con alguna discapacidad involucra un importante retroceso. “Es indignante que estas instituciones estén ocho meses sin cobrar, esto deja en evidencia que la política de salud que implementa el Poder Nacional es de perjudicar a los más vulnerables”, dijo el diputado Lucas Godoy.
Por su parte, el diputado Javier Diez Villa de Un Cambio Para Salta, sostuvo que no hay que politizar el tema y deben ocuparse de que se pague lo adeudado para seguir garantizando la salud de este sector tan vulnerable.“Estas medidas son inadmisibles y debemos remarcar esto, tanto como las cosas que se hicieron mal en cuanto a la política provincial de la salud”, dijo el legislador. De todos modos apoyó el proyecto de Declaración que fue aprobado por unanimidad.
