El nuevo equipo estará integrado por la Fiscal especializada en femicidios, Mónica Susana Poma, el Fiscal Penal de Graves Atentados a las personas, Leonardo Flores y el Fiscal Penal de Derechos Humanos, Gabriel Alejandro González.
El Procurador, dispuso mediante el dictado de la Resolución 1.328 -con fecha de ayer- la creación de una nueva Unidad Fiscal para intervenir en el Legajo de Investigación Nº 67/2019 de la UGAP (AP 49/2017 de la Sub comisaría Vaqueros), a fines de dar continuidad a la investigación del caso y cumplir con la premisa constitucional del afianzamiento de la Justicia.
Además apunta a promover la actuación de la misma en defensa de la legalidad y los intereses generales de la sociedad, como así también abastecer no solo el mandato constitucional que impone la actividad acusatoria, de perseguir -debido proceso mediante- el enjuiciamiento y eventual imposición del castigo penal al o los responsables del delito, sino también el derecho a la verdad, todo conforme a los paradigmas consagrados por la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
La resolución aludida, señala “Que teniendo en cuenta el estado actual de las actuaciones tramitadas mediante Legajo de Investigación N° 67/2019 de la Unidad de Graves Atentados a las Personas (AP N° 49/2017 de la Sub Comisaría Vaqueros) ,corresponde a este Procurador General que, con el fin de asegurar un eficiente y adecuado desempeño de las funciones acusatorias, adoptar medidas tendientes a favorecer ese rol, que implica cumplir con el mandato constitucional de promover la actuación de la justicia en defensa de la legalidad y de los intereses generales de la sociedad (art. 166, letra a, Constitución de Salta).
Que, en ese sentido, resulta indispensable dar continuidad a la investigación del caso, estableciendo que la representación del Ministerio Público Fiscal se ejerza por magistrados diferentes a los que hasta ahora intervinieron”.
La nueva Unidad Fiscal estará integrada por la Sra. Fiscal Penal Especializada en Femicidios, Mónica Susana Poma, el Fiscal Penal de Graves Atentados a las Personas, Leandro Flores y el Fiscal Penal de Derechos Humanos, Gabriel Alejandro González, quienes deberán asumir de manera conjunta, con la colaboración de sus respectivos Auxiliares”.
Se agrega que la Corte de Justicia de Salta en el día 5 de abril dictó sentencia desestimando la queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en el proceso judicial hasta ahora llevado a cabo, agotando así de este modo la instancia recursiva por resultar el máximo tribunal de la Provincia.
El juicio cumplido en 2021 absolvió a los acusados Cajal y Vargas
Los jueces de la Sala VII dieron a conocer el 26 de mayo el veredicto en el juicio seguido por el homicidio de Jimena Beatriz Salas, ocurrido el 27 de enero de 2017, en su domicilio de Vaqueros.
Sergio Horacio Vargas, alias “Porteño”, resultó absuelto por el principio de la duda (“in dubio pro reo”) del delito de homicidio cuádruplemente calificado por ser cometido con ensañamiento, alevosía, criminis causa y violencia de género, en calidad de partícipe secundario. Se ordenó la inmediata libertad del imputado, sin perjuicio de lo dispuesto por otro tribunal.
Nicolás Federico Cajal Gauffín, en tanto, también fue absuelto por aplicación del beneficio de la duda del delito de encubrimiento agravado, en calidad de autor.
El tribunal resolvió además rechazar la demanda civil presentada por la actora civil en el marco de la causa.
Sí se hizo lugar a la solicitud de la fiscalía en lo referido a remitir al Ministerio Público Fiscal Federal de turno copias certificadas de las piezas pertinentes ante la posible comisión de un delito de acción pública.
El tribunal colegiado estuvo conformado por los jueces Francisco Mascarello, Federico Diez y Javier Armiñana Dohorman (interino).
Las instancias finales del juicio se transmitieron on line por Youtube, a través del canal institucional del Poder Judicial de Salta.
Durante la jornada de alegatos, los representantes del Ministerio Público Fiscal habían solicitado para el imputado Sergio Vargas la pena de doce años de prisión, como partícipe secundario del delito de homicidio calificado por ensañamiento, alevosía, criminis causa y femicidio. Para Nicolás Federico Cajal Gauffín, la fiscalía pidió la pena de cinco años y seis meses de prisión por considerarlo autor del delito de encubrimiento agravado. Se solicitó además la prisión preventiva del acusado.
Por el Ministerio Público intervinieron los fiscales penales Ana Inés Salinas, Gustavo Torres Rubelt y Ramiro Ramos Ossorio.
Marcelo Eduardo Arancibia y Luciano Romano actuaron en defensa de Sergio Horacio Vargas. Marcos Rubinovich representó al imputado en relación a la acusación de la querella y la actoría civil.
