Marcelo Arancibia, defensor de Levín, sostuvo que en realidad hay dos resoluciones en espera por parte del alto tribunal nacional, pero que ambas giran en torno a una misma cuestión de fondo: la competencia del fuero federal en torno a los delitos que se le achacan al empresario.
Sin restarle mérito al requerimiento de juicio presentado la semana pasada por el fiscal general Carlos Martín Amad, el defensor sostuvo que "tanto en la causa por la que ahora se pidió juzgar a Levín, como el caso por el cual fue condenado en 2016, sentencia que fue anulada y aún no está firme, aún existen cuestiones pendientes por parte de la Corte Suprema".
Ambos expedientes, tramitados por el Juzgado Federal N°1, bajo el sistema mixto, surgen de las supuestas detenciones ilegales de empleados de la Veloz del Norte, entre diciembre de 1976 y enero de 1977, las cuales responderían a un caso que tuvo como origen una denuncia por un delito de competencia provincial.
Para la defensa de Levín, estas acusaciones deben ser dirimidas por la justicia local, mientras que para la fiscalía federal los hechos revisten la calidad de lesa humanidad y, por lo tanto, avanzó con ambas investigaciones penales hasta obtener el procesamiento del empresario en ambas causas.
En la primera de ellas, conocida como la causa (Víctor Manuel) Cobos, quien era delegado gremial y fue uno de los 17 empleados detenidos, Levín fue procesado y llevado a juicio ante el Tribunal Oral Federal N°1, integrado por los jueces Carlos Enrique Jiménez Montilla, Federico Santiago Díaz y Gabriel Casas.
El 28 de marzo de 2016, el tribunal con el voto en disidencia de Casas, decidió condenarlo a 12 años de prisión por los delitos de privación ilegítima de la libertad y tormentos. La sentencia se extendió a los policías Víctor Almirón, Víctor Bocos y Víctor Cardozo, éste último condenado a 8 años de cárcel.
Este fallo, que había puesto a Levín como el primer empresario condenado por delito de lesa humanidad, no duró mucho, pues el 4 de octubre de 2017, a raíz de una apelación interpuesta por Arancibia, la Sala III de la Cámara Federal de Casación Penal anuló la condena.
Al analizar el caso, los camaristas Juan Carlos Gemignani, Eduardo Rafael Riggi y Carlos Mahiques sostuvieron que los hechos atribuidos al empresario "no pueden ser considerados de ningún modo como constitutivos de delitos de lesa humanidad, toda vez que no se ajustan a las consideraciones que la Corte Suprema ha seguido sobre el particular".
Esta decisión fue apelada por la fiscalía y girada al máximo tribunal, sin que hasta el momento se haya dictado una resolución, siendo uno de los motivos que la defensa mantiene latente, pues un fallo que confirme la decisión de la Sala III de la Cámara Federal de Casación podría provocar un efecto cascada, favorable a Levín.
El nuevo juicio depende de otro recurso extraordinario planteado
Al referirse al reciente pedido de juicio, esta vez por los supuestos delitos de lesa humanidad en perjuicio de 16 empleados, el abogado Arancibia aclaró que, a su entender, la viabilidad de este pedido depende de la resolución de un recurso extraordinario planteado nuevamente ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
El planteo fue presentado el 17 de febrero pasado y pretende revertir el fallo dictado por la Sala III de la Cámara Federal de Casación Penal, la que declaró inadmisible una apelación interpuesta para rebatir el nuevo procesamiento dictado contra el empresario en la segunda causa.
Cabe señalar que este segundo proceso se vio promovido a raíz de una resolución de la Corte Suprema de Justicia de la Nación del 18 de septiembre de 2018, la que allanó el camino para que Levín sea procesado al considerar de lesa humanidad, los delitos en perjuicio de los otros empleados detenidos.
Así las cosas, se dictó el segundo procesamiento e incluso la Cámara Federal de Apelaciones de Salta lo confirmó, hecho que llevó a la defensa del empresario a una nueva apelación, la cual propuso discutir otra vez el contexto de los hechos, asunto que aún no está definido.
"Aunque parezca contradictorio, la corte nacional no fue incongruente, solo evitó que el reclamo de las presuntas víctimas quede estancado. Incluso la Cámara Federal de Casación, cuando declaró inadmisible nuestro planteo, también esquivó la cuestión de fondo", sostuvo Arancibia. Por esa razón y antes de la presentación del nuevo pedido de juicio de la fiscalía, es que "decidimos acudir a la Corte Suprema para sanear esta situación y evitar un desgaste procesal".
En vista de ello, la defensa entiende que el juzgado debería esperar primero que el alto tribunal se expida antes de avanzar con la elevación a juicio del caso".
