“Surge con meridiana claridad que existían factores sociales y familiares que ponían en riesgo la salud de J.M., lo cual es confirmado no solo por Miranda Ruiz sino por otros profesionales tanto de las ciencias médicas como de las demás disciplinas que hacen a la cuestión. Esos extremos son corroborados, a su vez, por el informe social”, explicó en su fallo el juez de la causa.
Según el escrito, bajo estos infomres se termina por configurar la causales previstas en la última parte del inciso 2 del artículo 85 del Código Penal y concurre la prevista en el artículo 86 inciso 2 del mismo cuerpo legal, lo que avala la legalidad de la intervención que se realizó desde el equipo médico.
En virtud de ello –dijo el juez- “debe afirmarse en grado de certeza que Miranda Ruiz actuó autorizada por la ley; por lo tanto, su actividad fue lícita y ello impone dictar el consiguiente sobreseimiento”.
La médica había intervenido en el procedimiento de Interrupción Legal de un Embarazo (ILE), una práctica prevista en el Código Penal hace más de cien años para el aborto por causales como violación o para preservar la vida y la salud integral de la persona gestante. Sin embargo, fue denunciada por familiares de la paciente, una joven de 21 años.
El fiscal penal de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas de Tartagal, Gonzalo Ariel Vega, imputó a la médica por el supuesto delito de "aborto sin consentimiento de la gestante", basado en la versión de la tía de que la joven se habría "arrepentido" previamente.
Tras la apelación de la defensa de la médica, a cargo del abogado Oscar Guillen, el Tribunal dió lugar a lo planteado por el letrado y decidió absolver a la médica.
Cabe destacar que el accionar fue avalado por el gerente en ese momento del Hospital Juan Domingo Perón de Tartagal, Santiago Payo y el propio ministro de Salud de la Provincia, Juan José Esteban.
