Kalil Ezequiel Chejolan, Julián Bautista Bubrosky y Ricardo Galarza llegaron a juicio como coautores del delito de doble homicidio agravado por el concurso premeditado de dos o más personas, por ser cometido criminis causa, por alevosía y agravado por el uso de arma de fuego en perjuicio de Pablo Jonathan Tolaba y Romina Isabel Zerda.
Chejolán y Bubroski son juzgados además por el delito de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización por una causa acumulada.
En la audiencia de ayer se escucharon los alegatos de las partes. En representación del Ministerio Público Fiscal, en primer lugar, alegó el fiscal penal Ramos Ossorio, luego lo hizo el fiscal penal Flores y finalmente lo hizo el fiscal penal López Soto, quien se refirió a la causa acumulada por tenencia de estupefacientes con fines de comercialización para dos de los imputados.
La Unidad Fiscal sostuvo la acusación y solicitó al Tribunal la pena de prisión perpetua para los tres imputados.
Al término de los alegatos de la fiscalía, los jueces dispusieron un cuarto intermedio de media hora. A su término se escucharon los alegatos de las defensas.
El juicio lo lleva adelante el tribunal colegiado integrado por los jueces Marcelo Rubio (presidente), Mónica Faber y Gabriela Romero Nayar (vocales).
La defensa de los acusados está a cargo de Agustín Solá Garrido (Julián Bubroski), Daniel Arnedo y Claudia Larisa Alila (Ezequiel Chejolán) y Federico Atengurt (Ricardo Galarza).
La causa se inició en octubre pasado cuando apareció la camioneta con la pareja con balas en el cuerpo. En un principio se señaló que podría haber sido un siniestro vial. Al advertir las balas la investigación se fue profundizando hasta hallar que se estaba ante algún “pase” de facturas por comercialización de drogas.
Policía condenado por excesos en un partido
Un policía de 55 años fue condenado a un año y seis meses de prisión condicional por lesiones graves y exceso en los límites impuestos por la ley, por la autoridad y por la necesidad. El juez Leonardo Gabriel Feans, vocal de la Sala I del Tribunal de Juicio, ordenó que el condenado continúe en libertad por la modalidad de la pena dictada y le ordenó cumplir obligaciones. Todo ello con apercibimiento de revocarse la condicional.
El juez hizo lugar a la demanda civil presentada y condenó al imputado a pagarle al damnificado 450 mil pesos por daño a la salud, 670 mil pesos por el lucro cesante y 450 mil pesos en concepto de daño moral.
El hecho sucedió durante un partido de fútbol disputado en Campo Santo, entre Peñarol y San Antonio.
