En una de las audiencias más emotivas celebradas en la Cámara Federal de Apelaciones, el martes, Rosa, una hija del gremialista Jorge René Santillán, brutalmente asesinado por un grupo de tareas integrado por Carlos Ignacio Cialceta, fue la protagonista principal de un planteo formalizado por el fiscal general Eduardo José Villalba para que se revoque el arresto domiciliario del exmilitar.
Carlos Ignacio Cialceta, ex militar es el hombre de 70 años que se hizo famoso cuando el ministro de Seguridad de la Nación, Aníbal Fernández, difundió una foto suya, en la que aparecía saliendo de un placar al ser recapturado tras permanecer más de 6 meses prófugo de la justicia federal, la que había requerido su captura nacional e internacional. Detrás de esa imagen, se conoció que había sido procesado el 23 de octubre del 2020 por su responsabilidad material en la muerte de Santillán, hecho cometido la noche del 10 de agosto de 1976 en General Mosconi, cuando irrumpió en su casa, golpeó a su mujer e hijos y se lo llevó detenido. Luego, el cuerpo del gremialista apareció diseminado en Acambuco, pues había sido dinamitado, una práctica habitual durante la dictadura militar. La noche del secuestro, Cialceta actuó de incógnito hasta que Rosa, que luchaba para que no se lleven a su papá, le sacó accidentalmente el pasamontaña y su rostro quedó expuesto, tal como sucedió cuando su foto en el placar fue difundida el 11 de noviembre del 2021.
Hasta ese momento, y desde el 6 de abril, que se dispuso su prisión preventiva y se ordenó su detención, el ex militar se mantuvo prófugo en un departamento de la calle Pueyrredón al 100, a escasos metros de los tribunales federales. Con esta conducta, se convirtió en el primer y único procesado en rebelarse a la justicia en la provincia, razón suficiente para que la jueza federal Mariela Giménez ordenase su alojamiento en el Complejo Penitenciario Federal NOA III.
El 26 de diciembre pasado, Cialceta fue beneficiado con el arresto domiciliario ordenado por la misma magistrada. La medida que fue apelada por el Ministerio Público Fiscal ante la Sala II de la Cámara, presidida por el juez Guillermo Elías junto a los vocales Mariana Catalano y Luis Renato Rabbi Baldi.
El planteo fue acompañado por la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, representada por Gastón Casabella, que rechazó la decisión de la jueza, la que calificó de arbitraria y contradictoria, ya que, en un incidente de impugnación planteado en la misma causa, Giménez adujo no poder resolver por ausencia de estudios médicos certeros sobre la salud del exmilitar, sin embargo, al conceder el arresto domiciliario, adujo que lo hacía por razones de salud mental.
Cialceta beneficiado por su edad
El fiscal Villalba reclamó que se revoque el arresto domiciliario y Cialceta vuelva a la prisión. Argumentó que la morigeración aplicada por la jueza, se hizo en base a la edad y a los supuestos padecimientos propios de la vejez.
Ratificó la participación del acusado en la muerte de Santillán, lo que sucedió cuando el ex militar se desempeñaba en el Regimiento de Infantería Monte 28, en Tartagal. "Su responsabilidad criminal está acreditada con certeza apodíctica, pues ya hay otras personas condenadas por este hecho", recordó.
Fuera de la fría letra del expediente, Villalba se centró en el efecto que causó el accionar del acusado no sólo en la víctima, sino principalmente en sus seres queridos, quienes fueron testigos presenciales del momento en que Santillán fue detenido ilegalmente.
"Cialceta entró a la casa de la víctima y le cambió la vida para siempre a to-da la familia, en especial a una hija que está aquí presente. En ese entonces, tenía 7 años, cuando junto a su madre y su hermano de 6, se trabaron en lucha para salvar a su papá", remarcó.
"Con su corta edad, ella -por Rosa- resistió tenazmente a los captores. Junto a su madre pelearon hasta lo último por retener a Santillán, cuya culpa fue la de ser un gremialista de YPF que, a la vez, integraba la Juventud Peronista, muy cerca al sector del ex gobernador Miguel Ragone". Recordó una inspección ocular en Acambuco, acompañado por la auxiliar fiscal Bárbara Chunco. Resaltó cómo en esa época nefasta, los militares determinaban quién era el enemigo público, facultad que los llevó a cometer atrocidades, como la de dinamitar a las personas que detenían, como sucedió con Santillán.
A modo de muestra del dolor vivido por la familia, recordó que "la viuda estaba en busca de un traje para velar a su marido, pero no hacía falta, pues lo único que le dieron fueron restos y a cajón cerrado. Ella lo reconoció por el calzado porque unos días antes lo había llevado al zapatero y fue éste quien le puso el nombre que luego sirvió para identificarlo".
"Cialceta, en cambio, fue reconocido por una foto que tomó estado público; en la que aparecía en cuclillas en un placar, en una postura indecorosa para un ex militar".
Momentos emotivos se vivieron cuando declaró Rosa, hija de Santillán. Expuso por ejemplo "mi papá no se escondió, él abrió la puerta, no se metió en ningún placar. A mí no me dieron la última oportunidad de abrazarlo, pensé que lo iba a ver una vez más, pero mi última imagen suya es peleando por su vida".
